Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha alertado este viernes de la grave marcha atrás en materia de Derechos Humanos que, a su juicio, supone la reciente ratificación por parte del Tribunal Constitucional peruano de la conocida como ‘ley de impunidad’, una norma que abre la puerta a la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.
“Este fallo es un peligroso retroceso”, han subrayado los expertos antes de recordar que “los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles conforme al Derecho Internacional” y que “esta decisión socava la independencia judicial, introduciendo el riesgo de nuevas represalias contra abogados y otros profesionales”.
La denominada ‘ley de impunidad’ establece que los delitos de lesa humanidad podrían considerarse prescritos si tuvieron lugar antes de que Perú ratificara el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Sin embargo, el grupo de expertos ha recalcado que la prohibición de aplicar la prescripción a este tipo de crímenes no depende de la adhesión de un Estado a tratados internacionales.
“El principio de legalidad no protege a los perpetradores de atrocidades que ya eran delitos conforme al derecho internacional en ese momento”, han aclarado, al tiempo que han insistido en que los retrasos procesales “tampoco pueden justificar la impunidad frente a violaciones graves”.
En la misma dirección se han pronunciado tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han remarcado la primacía de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano. “Las interpretaciones internas no pueden prevalecer sobre normas diseñadas para proteger a la humanidad de los peores crímenes”, han reiterado.
Ambos organismos han advertido igualmente de que “esta decisión socava la independencia” del Poder Judicial de Perú y facilita “nuevas represalias contra operadores de justicia --policía y fiscales hasta jueces, defensores públicos, abogados y peritos-- que ya están siendo atacados por aplicar estándares internacionales vinculantes”.
“La justicia tardía no debe convertirse en justicia denegada”, han sentenciado, reclamando a las autoridades peruanas que armonicen su legislación interna con las normas internacionales, refuercen la protección de los actores judiciales y aseguren mecanismos efectivos de rendición de cuentas.