Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha expresado sus reservas sobre si Reino Unido está cumpliendo plenamente con la normativa internacional de Derechos Humanos en el caso de los activistas de la organización ilegalizada Palestine Action que mantienen una huelga de hambre en protesta por las condiciones de su encarcelamiento.
Según estos expertos, diversos informes señalan retrasos en el acceso a la atención sanitaria, un uso excesivo de sujeciones durante los tratamientos en hospitales, limitaciones en las visitas de familiares y abogados, así como la ausencia de una supervisión médica independiente y continuada, especialmente en los casos de huelguistas con problemas de salud más complejos.
Varios de los activistas han iniciado ya su segundo mes en huelga de hambre, lo que ha provocado un deterioro "significativo" de su estado físico y un "riesgo crítico" de sufrir complicaciones graves como fallos de órganos, daños neurológicos irreversibles, arritmias cardíacas e incluso la muerte.
Ante esta situación, los expertos han reclamado a las autoridades británicas que aseguren el acceso a atención sanitaria "de emergencia" para los huelguistas y que se abstengan de cualquier actuación que pueda interpretarse como una forma de presión o como una "represalia".
"(Los) informes plantean serias dudas sobre el cumplimiento de las leyes internacionales de los derechos humanos, incluidas las obligaciones de proteger la vida y prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes", han subrayado los especialistas de la ONU.
La huelga comenzó como respuesta a las restricciones impuestas a la comunicación postal, a las llamadas telefónicas y a las visitas. En la actualidad, los activistas exigen el cierre de todas las empresas del sector militar vinculadas con Israel, la anulación de la ilegalización de Palestine Action y la concesión de libertad bajo fianza para los detenidos.
El grupo de Naciones Unidas ha recalcado que una huelga de hambre "es a menudo una medida de último recurso de personas que creen que sus derechos a la protesta y a un recurso efectivo se han agotado" y ha advertido a Reino Unido sobre la criminalización del derecho legítimo a la protesta mediante el uso de leyes antiterroristas. "Estas huelgas de hambre deben entenderse dentro del contexto más amplio de las restricciones al activismo pro-palestino en Reino Unido", han remarcado.
Asimismo, han recordado al Gobierno británico que recae sobre él la responsabilidad de proteger la vida y la integridad de las personas bajo custodia y que "las muertes evitables bajo custodia nunca son aceptables", en referencia al posible agravamiento del estado de algunos huelguistas, varios de los cuales han perdido hasta 15 kilos. Estas protestas se han convertido en las más prolongadas de este tipo en cárceles británicas desde las huelgas de hambre de miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en 1981.
Palestine Action fue declarada ilegal el pasado 5 de julio. En octubre, el Tribunal de Apelaciones de Reino Unido admitió a trámite un recurso presentado por la activista propalestina y cofundadora de la ONG, Huda Ammori, contra la decisión de la exministra del Interior Yvette Cooper de prohibir al colectivo.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ya había reclamado a finales de julio al Ejecutivo británico que anulara la ilegalización de la organización, al considerar que supone un abuso de una ley antiterrorista del año 2000 que, a su juicio, ya era de por sí excesivamente amplia.