Expertos de Naciones Unidas han reclamado una “investigación transparente” ante las denuncias de tráfico organizado de mujeres con fines de explotación sexual, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos los documentos relacionados con el caso del pedófilo Jeffrey Epstein.
“Debemos pasar de lo mediático a una acción efectiva, rendición de cuentas y medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia, reparaciones centradas en las supervivientes, garantías de no repetición y verdad, reconociendo el trauma extremo y la violencia sufridos, y la naturaleza sistémica y generalizada de las graves violaciones de Derechos Humanos que se han producido”, han argüido.
Las denuncias, que salpican a políticos de alto rango, personalidades públicas, diplomáticos, responsables empresariales y figuras del ámbito académico, evidencian un “fracaso devastador de la prevención”, así como “en identificar, asistir y proteger a las víctimas” y a la hora de investigar y enjuiciar a los responsables de esta violencia.
Según han indicado, el hecho de que este entramado de tráfico sexual de mujeres y menores haya “persistido a nivel global” pone de manifiesto “la arraigada discriminación y violencia de los sistemas patriarcales de poder”, además de “los graves fallos de rendición de cuentas”.
Los expertos han advertido igualmente sobre la “mercantilización y brutalización de los cuerpos de mujeres jóvenes y niñas”, expuestas en los medios de comunicación, así como de “la publicación de imágenes sin rostro de menores en situaciones abyectas y vulnerables”.
También han manifestado su inquietud ante la “respuesta totalmente inadecuada y desproporcionada” por parte de los Estados y de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley frente a “la gravedad de los crímenes y al sufrimiento de las víctimas”.
“La imposibilidad de garantizar la rendición de cuentas perpetúa una cultura de la impunidad que perjudica desproporcionadamente a las mujeres y niñas, y socava la promesa de igual protección bajo el Derecho Internacional”, han expresado.
En esta línea, han subrayado que los Estados están obligados, en virtud de la normativa internacional, a “prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual” y a “identificar, asistir y proteger a las víctimas de trata”.