Un conjunto de especialistas de la ONU ha manifestado su inquietud este miércoles ante la “continua persecución” sufrida por la Iglesia Ortodoxa ucraniana, tras la aprobación por parte del Parlamento ucraniano de una normativa en agosto del año anterior que restringe las operaciones de entidades religiosas asociadas con Rusia.
“Nos preocupa que la cuestión de los supuestos vínculos eclesiásticos y canónicos de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana con el Patriarcado de Moscú, actualmente bajo escrutinio judicial, restrinja el alcance de la libertad de culto y la práctica religiosa”, han señalado en una nota emitida por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Destacaron además que “la libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluso en tiempos de conflicto armado, es inderogable” según el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y subrayaron que la seguridad nacional “no es motivo para limitar” estos derechos fundamentales.
Adicionalmente, expresaron su preocupación por “justificaciones vagas” como las acusaciones de extremismo por supuestas conexiones prorrusas, “son incompatibles con el principio de seguridad jurídica y corren el riesgo de criminalizar la libertad de pensamiento, religión o creencias y socavar la libertad de reunión y asociación”.
En agosto, las autoridades ucranianas incluyeron oficialmente a la metrópolis de Kiev de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en la lista de organizaciones religiosas extranjeras, tras remitir una carta de advertencia al primado Onofre de Kiev.
El difunto Papa Francisco criticó en agosto de 2024 la controvertida ley aprobada por Kiev que establecía un plazo de nueve meses para disolver los vínculos con la Iglesia ortodoxa rusa, haciendo un llamamiento expreso para que “ninguna Iglesia cristiana sea abolida”.