En el condado de Tambura, ubicado al sudoeste de Sudán del Sur, se han registrado al menos 17 muertes, de las cuales tres corresponden a civiles, como resultado de los conflictos internos entre facciones del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLA-IO) y la intervención del Ejército nacional. Esto fue confirmado por autoridades locales el jueves pasado.
«Las fuerzas leales al exgobernador (del estado de Ecuatoria Occidental) Alfred Futuyo comenzaron a saquear, disparar y cometer actos de violencia. Para contener la situación, ordené a nuestras fuerzas que intervinieran», declaró Mathew Mabenge, comisario de Tambura, durante una entrevista con la emisora sursudanesa Eye Radio, quien añadió que los enfrentamientos surgieron a inicios de semana.
El comisario Mabenge especificó que «en el tiroteo resultante, murieron 12 soldados del SPLA-IO, dos soldados del Gobierno y tres civiles» y señaló que, aunque las fuerzas organizadas han logrado estabilizar la situación, el brote de violencia ha exacerbado la crisis humanitaria en la región. Reveló además que miles de residentes han abandonado sus hogares debido a la inseguridad predominante.
En lo que va del año, la cifra de civiles muertos en Sudán del Sur ha sido la más alta de los últimos cinco años, con más de 700 víctimas en tres meses, en un contexto de escalada de violencia relacionada con las tensiones entre el presidente Salva Kiir y su vicepresidente Riek Machar, antiguo líder rebelde del SPLA-IO, según un informe de Naciones Unidas de principios de julio.
Las tensiones se han intensificado tras una serie de ataques por parte de una milicia local llamada White Army (Ejército Blanco) en el condado de Nasir, cerca de la frontera con Etiopía. Las autoridades acusaron al Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) de Machar de respaldar a este grupo, acusación que fue negada por la agrupación, lo que llevó a poner bajo arresto domiciliario a Machar, dentro de las investigaciones sobre su presunto rol en los enfrentamientos.
Esta crisis ocurre tras la promulgación por parte del presidente de Sudán del Sur, en septiembre de 2024, de una enmienda constitucional de 2011 que extiende por dos años más el período de transición, medida que ha sido criticada por la comunidad internacional, la cual ha exigido a Yuba progresos en la implementación del acuerdo de paz de 2018, destacando que aún faltan por cumplirse varios de los compromisos, incluida la realización de elecciones.