La familia de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, ha presentado este miércoles una demanda judicial contra el expresidente estadounidense Donald Trump, el Secretario de Estado Marco Rubio, la Fiscal General Pam Bondi y el Secretario del Tesoro Scott Bessent.
La querella, adelantada por elDiario.es, acusa al Gobierno estadounidense de imponer sanciones extraordinarias a Albanese por su trabajo de investigación y denuncia de violaciones del derecho internacional cometidas por Israel.
Violaciones de derechos humanos en Gaza
Albanese ha documentado, en sus informes oficiales de la ONU, las violaciones de derechos humanos en Gaza y ha señalado la responsabilidad de altos dirigentes israelíes en crímenes que podrían constituir genocidio, además de implicar a otros países y empresas internacionales.
La demanda civil, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, sostiene que la Administración Trump vulneró los derechos de Albanese protegidos por la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas, al confiscar sus bienes sin un debido proceso y bloquear sus ingresos en bancos europeos. La familia solicita al tribunal que declare inconstitucionales estas sanciones.
La querella ha sido presentada por el esposo de Albanese, Massimiliano Cali, y por su hija menor de edad, ciudadana estadounidense, cuyo nombre se mantiene en reserva. Las sanciones, impuestas el 9 de julio de 2025, le prohíben realizar transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses, acceder a sus cuentas de correo electrónico o tarjetas de crédito, y entrar a Estados Unidos.
Albanese no es la única afectada: once jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional y varias ONG palestinas también han sufrido sanciones similares, lo que, según organizaciones de derechos humanos, pone en riesgo la aplicación del derecho internacional y obstaculiza el trabajo de la ONU y del Tribunal de La Haya. Nunca antes se habían impuesto medidas de este tipo contra un relator de Naciones Unidas.
Impacto financiero y profesional
La demanda detalla el impacto financiero y profesional sobre Albanese: el bloqueo de sus cuentas y la imposibilidad de utilizar el sistema financiero mundial basado en el dólar le obliga a manejar solo dinero en efectivo, limita el acceso a su apartamento en Washington y le impide mantener vínculos académicos con universidades estadounidenses.
Además, su familia también se ve afectada: su esposo no puede ingresar a Estados Unidos, donde trabaja en la sede principal del Banco Mundial, y su hija no puede regresar a su país de nacimiento ni acceder a su hogar en Washington.
En una entrevista reciente con elDiario.es, Albanese relataba las dificultades: “No he podido acceder a mi cuenta bancaria ni a mis ingresos. Necesito que un Estado me garantice ese derecho, que diga a los bancos: ‘Nosotros respondemos por ella’. Basta con que un país haga lo correcto para frenar estos abusos”.
La relatora cuestiona la gravedad de su situación: “¿Por qué tengo que ser tratada como una terrorista o narcotraficante, siendo además una persona de la ONU?”, se preguntaba. Para Albanese, la denuncia no es solo personal, sino un llamado global por el respeto al derecho internacional, la rendición de cuentas y un mundo gobernado por normas, no por la fuerza o la intimidación.