El equipo especial de fiscales que investiga el caso de insurrección contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol ha solicitado este martes la pena de muerte para el exmandatario por su papel en la controvertida ley marcial proclamada en diciembre de 2024, una decisión que le costó el cargo pocos meses más tarde.
De acuerdo con la información publicada por el diario “The Korea Times”, los fiscales consideran que Yoon encabezó un proceso insurreccional al imponer dicha ley marcial, medida que provocó el despliegue de tropas durante varias horas en los alrededores del Parlamento y desencadenó una profunda crisis política en el país.
En su escrito, la acusación sostiene que Yoon era en última instancia responsable de “intentar socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional”. A su juicio, estas actuaciones constituyeron una “grave amenaza para la democracia y que justifican la pena más severa prevista por la ley surcoreana”.