Este lunes, la fiscalía argentina ha presentado una apelación contra la decisión judicial que permite que Cristina Fernández, expresidenta del país, cumpla su condena de seis años por corrupción desde su domicilio.
«Es un desatino más de los tantos desaciertos que ha llevado adelante el tribunal» y un «privilegio indebido» para la exmandataria, han denunciado los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes previamente ya habían solicitado que se negara esta medida.
Luciani y Mola argumentaron que los «casos graves de corrupción pública» deben cumplirse en «los establecimientos carcelarios establecidos al efecto», según informa ‘La Nación’. «Esto configura un estado de marcada, extendida y subsistente ilegalidad, con entidad para tornarse irreversible», agregaron, criticando el tratamiento desigual respecto a otros ocho condenados en el mismo caso que fueron encarcelados.
Los fiscales cuestionaron las posibilidades de rehabilitación que ofrece el arresto domiciliario y si la pena bajo estas condiciones puede ser efectiva para los objetivos sociales propuestos. Además, Luciani y Mola se preguntaron sobre las medidas alternativas si Fernández incumple las normativas establecidas por el tribunal.
La Cámara Federal de Casación evaluará la apelación en una audiencia fijada para el próximo lunes, 7 de julio, donde también se revisará un recurso de la defensa sobre el régimen de visitas y el uso de tobillera electrónica.