QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Fiscalía de Bolivia ha reclamado este jueves la imposición de prisión preventiva durante un periodo de tres meses para el expresidente Luis Arce, arrestado el día anterior por un supuesto desvío de recursos del Fondo Indígena en la etapa en la que ejerció como ministro de Economía.
El Ministerio Público ha solicitado que el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) sea trasladado a la cárcel de Qalahuma, en la localidad de Viacha, departamento de La Paz, al considerar que existe riesgo de fuga y de interferencia en las pesquisas, además de los indicios que motivaron su detención.
El documento de imputación, al que ha tenido acceso el diario “El Deber”, detalla que Arce —que en su primera presentación ante las autoridades se ha acogido a su derecho a guardar silencio— “sugirió, promovió y autorizó la canalización irregular de fondos públicos hacia cuentas particulares”.
La Fiscalía también ha avanzado que citará a declarar a 24 personas consideradas clave en el proceso, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, la excónsul de Bolivia en Puno (Perú) Felipa Huanca y otros antiguos altos funcionarios del periodo en el que se habrían producido los hechos. De acuerdo con las autoridades bolivianas, las actuaciones bajo sospecha abarcan los años en los que Arce ocupó la cartera de Economía, desde 2006 hasta 2017 y, posteriormente, entre enero y noviembre de 2019, durante el Gobierno de Evo Morales.
Los delitos que se le imputan a Arce incluyen enriquecimiento ilícito, adopción de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica, según explicó en la víspera el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien también vinculó estos hechos con la aprobación de “proyectos fantasma” sufragados con dinero del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).
“Todo esto contribuyó a la crisis económica que hoy vivimos”, afirmó en declaraciones recogidas por “El Deber”, denunciando un daño estimado en unos 360 millones de bolivianos, equivalentes a cerca de 44,5 millones de euros.
