La Fiscalía de Bolivia ha comunicado que este domingo pedirá el cambio de prisión para el exministro Arturo Murillo a Chonchocoro, una cárcel de máxima seguridad. Murillo, figura clave durante el mandato de la presidenta interina Jeanine Áñez entre 2019 y 2021, también enfrenta una demanda por reparación civil por perjuicios económicos al Estado estimados en más de dos millones de dólares (1,70 millones de euros).
“Nosotros solicitamos tanto al Ministerio Público y las otras partes judiciales que (Murillo) sea remitido al penal de máxima seguridad. En este caso, el penal de Chonchocoro. Sin embargo, el juez, atendiendo a la solicitud en este caso de la defensa, consideró (…) remitirlo al penal de San Pedro. “Nosotros, como parte esencial de este proceso, solicitamos que se revoque dicha situación y claro, presentamos la apelación respectiva”, declaró el fiscal general del Estado, Ricardo Condori, en una entrevista con Bolivia TV.
El juez también indicó que se exigirá una compensación económica ya que “solamente” en el caso ‘Gases Brasil’, Murillo causó “un daño económico de más de dos millones de dólares”. “Producto de esa situación, es que el Estado boliviano (…) va a inmediatamente solicitar y presentar la demanda de reparación civil. Una vez que se realice esta determinación, obviamente se va a ejecutar todo lo que tenga el señor Arturo Murillo que esté al momento, de alguna manera, sometido sus bienes a una medida cautelar de carácter real”, añadió.
El exministro fue arrestado el pasado jueves tras su retorno a Bolivia, luego de ser deportado de Estados Unidos, donde cumplió una condena por blanqueo de capitales. Murillo enfrenta múltiples procesos legales, incluyendo una sentencia de ocho años por sobreprecios en la adquisición de gases lacrimógenos y otra de cinco años y cuatro meses por introducción irregular de armamento no letal desde Ecuador.
Murillo fue detenido en mayo de 2021 en Estados Unidos acusado de conspiración para el lavado de dinero y sobornos en la compra de equipos antidisturbios durante el Gobierno de Áñez. En 2023 fue condenado a casi seis años de prisión después de declararse culpable. No obstante, fue liberado en junio de este año por buena conducta, y después trasladado a un centro de detención de migrantes, donde finalmente se resolvió su deportación.