Este martes, la Fiscalía de Brasil ha solicitado la condena de los implicados en un intento de golpe de Estado después de la elección de Luiz Inácio Lula da Silva, incluyendo a su antecesor, Jair Bolsonaro, en la apertura del juicio de un hecho que ha sido descrito como atroz y siniestro. Para la Fiscalía, es esencial sancionar a los ocho acusados en este caso.
El fiscal general, Paulo Gonet, ha expresado durante una sesión que los actos descritos en la denuncia son ataques significativos contra las instituciones democráticas y no deben ser vistos como meras fantasías o imprudencias pasajeras. Según Gonet, estos hechos deben ser tomados en serio para conservar un Estado democrático de derecho.
Gonet ha señalado que, aunque ninguna acción jurídica puede contrarrestar completamente la usurpación del poder por la fuerza, la defensa del orden democrático se puede reforzar y dignificar a través del derecho cuando los ataques no se concretan. Además, destacó que esto actúa como un disuasivo contra los intentos de golpe de Estado y refleja el empeño y la determinación ciudadana para preservar la vida pública, inspirada en los derechos fundamentales y valores políticos esenciales.
Los delitos imputados a Bolsonaro y los demás involucrados incluyen la abolición violenta del Estado democrático de Derecho e intento de golpe de Estado, según el artículo 359 del Código Penal, con posibles condenas de tres a 12 años de cárcel. También se les acusa de participar en una organización criminal armada, daños a la propiedad pública y deterioro del patrimonio, con penas que varían entre seis meses y ocho años de prisión.
Si se le encuentra culpable, Bolsonaro podría enfrentar más de 40 años en prisión y sería inhabilitado indefinidamente para ocupar cargos públicos. Junto a él, están acusados figuras como el exministro de Defensa Walter Braga Netto y el exministro de Justicia Anderson Torres, entre otros importantes exfuncionarios.