La Fiscalía de Colombia ha interpuesto un recurso este lunes contra la sanción de doce años de arresto domiciliario al expresidente Álvaro Uribe, que empezó a cumplir hace poco más de una semana, por soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal, dado que considera que la resolución se sustenta en «conjeturas».
El documento de apelación, de 81 páginas, fue presentado por el fiscal Bladimir Cuadro Crespo ante el Tribunal Superior de Bogotá. En él se argumenta que la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda está basada en «conjeturas» y «no en evidencia sólida que refute la presunción de inocencia».
«Los errores en la apreciación de la prueba (…) llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación (artículo 30) y lo relativo a la tipicidad (artículos 10, 444A y 453 del Código Penal), así como a la falta de aplicación del artículo 7 de la Ley 906 de 2004, lo que necesariamente debió resultar en la absolución del procesado», señala el recurso.
El magistrado ha indicado además que la condena en primera instancia no demostró que Uribe «tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad» en los hechos imputados, criticando que el proceso «no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto crucial para cada uno de los eventos» que llevaron al exlíder colombiano a ser juzgado.
Además de la prisión domiciliaria, a la que ha sido sometido desde hace una semana, Uribe enfrenta una inhabilitación de más de ocho años y el pago de una multa de más de 3.444 millones de pesos, que equivalen a 2.420 salarios mínimos (aproximadamente 720.700 euros).
La jueza afirma que el exmandatario de 73 años, quien ha negado constantemente los cargos alegando ser objeto de una persecución política, incitó a intermediarios para que manipularan a testigos en las prisiones del país con el fin de beneficiarse de sus declaraciones. Según las investigaciones, el abogado Diego Cadena habría intentado ofrecer ventajas a varios exparamilitares para que modificaran su testimonio sobre los supuestos lazos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con grupos paramilitares.
El litigio inició en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, acusándolo de recopilar falsos testimonios en las prisiones del país sobre el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia. No obstante, tras evaluarse las evidencias, se sugirió que los abogados del expresidente intentaban influir en los testigos para que señalaran a Cepeda, quien pasó de acusado a víctima, mientras que Uribe, de demandante a investigado.