Este lunes, la Fiscalía de Colombia interpuso un recurso contra la sentencia que impone doce años de arresto domiciliario a Álvaro Uribe, expresidente del país, quien comenzó a cumplir su condena hace poco más de una semana. Uribe fue condenado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La Fiscalía argumenta que la decisión se sustenta en ‘conjeturas’.
En un documento de 81 páginas, el fiscal Bladimir Cuadro Crespo solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que anule la condena del exmandatario, alegando que la sentencia de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda se basa en ‘conjeturas’ y ‘no en evidencia contundente que desvirtúe la presunción de inocencia’.
‘Los errores en la apreciación de la prueba (…) llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación (artículo 30) y lo relativo a la tipicidad (artículos 10, 444A y 453 del Código Penal), así como a la falta de aplicación del artículo 7 de la Ley 906 de 2004, lo que necesariamente debió resultar en la absolución del procesado’, expone el texto.
El magistrado señaló además que no se demostró que Uribe ‘tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad’ en las acciones imputadas, criticando que el análisis de este aspecto clave no fue exhaustivo para cada uno de los episodios que llevaron al exlíder colombiano a enfrentar a la justicia.
Además de la prisión domiciliaria, Uribe enfrenta una inhabilitación de más de ocho años y una multa superior a los 3.444 millones de pesos, aproximadamente 720.700 euros. La jueza sostiene que Uribe, de 73 años y quien ha rechazado siempre los cargos alegando persecución política, incitó a intermediarios para manipular testigos en prisiones y obtener declaraciones favorables. Según las investigaciones, el abogado Diego Cadena intentó ofrecer beneficios a varios exparamilitares para alterar sus testimonios sobre presuntos lazos de Uribe y su hermano Santiago con grupos paramilitares.
El asunto comenzó en 2012 cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, acusándolo de fabricar testimonios falsos sobre el paramilitarismo en Antioquia. No obstante, evidencias posteriores sugirieron que los abogados de Uribe buscaban influir en los testigos para inculpar a Cepeda, quien pasó de acusado a víctima, mientras Uribe, de demandante, se convirtió en investigado.