Este lunes, la Fiscalía de Colombia ha interpuesto una apelación a la sentencia que impone doce años de arresto domiciliario al expresidente Álvaro Uribe, quien comenzó a cumplir su condena hace poco más de una semana, por los delitos de soborno a testigos en procedimientos penales y fraude procesal. El recurso, presentado en un documento de 81 páginas por el fiscal Bladimir Cuadro Crespo, argumenta que la decisión se basa en ‘conjeturas’ y critica la falta de pruebas sólidas que contrarresten la presunción de inocencia de Uribe.
En el documento, se señalan ‘errores en la apreciación de la prueba’ que, según el fiscal, llevaron a la incorrecta aplicación de normas legales, debiendo haber resultado en la absolución de Uribe. Además, se menciona que el proceso no abordó adecuadamente el nivel de conocimiento que Uribe podría haber tenido sobre los hechos imputados, aspecto crucial para determinar su responsabilidad.
Uribe, quien actualmente cumple la condena en su domicilio, también enfrenta una inhabilitación de más de ocho años y debe pagar una multa superior a 3.444 millones de pesos, lo que equivale a aproximadamente 720.700 euros. El exmandatario, de 73 años, ha rechazado consistentemente las acusaciones, alegando ser objetivo de una persecución política y afirmando que sus acciones estaban dirigidas a contrarrestar falsos testimonios manipulados por sus adversarios políticos.
El proceso judicial se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente recoger falsos testimonios en prisiones, acusación que se volvió en su contra tras investigaciones que sugerían manipulación de testigos por parte de los abogados de Uribe para inculpar a Cepeda, quien de acusado pasó a ser considerado víctima en el caso.