QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Fiscalía de Honduras ha reclamado este lunes la activación de una orden de búsqueda y captura internacional contra el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, apenas unos días después de que abandonara la cárcel en Estados Unidos gracias al indulto concedido por el presidente norteamericano Donald Trump, que puso fin de forma anticipada a la pena de 45 años de prisión que cumplía por tres delitos relacionados con el narcotráfico.
“He instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal de Honduras) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso ‘Pandora II’”, ha declarado en su cuenta de la red social X el fiscal general hondureño, Johel Zelaya.
En el mismo mensaje, el fiscal ha subrayado que “nuestra lucha es frontal” y ha vinculado este paso con la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, que tiene lugar este lunes, 9 de diciembre. “Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, ha lamentado.
Hernández, que estuvo al frente del Ejecutivo entre 2014 y 2022, abandonó el centro penitenciario estadounidense hace tan solo una semana tras recibir el perdón presidencial de Trump. El exinquilino de la Casa Blanca sostiene que el exgobernante, condenado por narcotráfico por un tribunal federal de Nueva York, fue objeto de un montaje político impulsado por la Administración de su sucesor, Joe Biden.
La resolución judicial dictada en junio de 2024, después de su arresto dos años antes, acreditó sus conexiones con organizaciones del narcotráfico para facilitar el envío de hasta 400 toneladas de cocaína a través de Honduras rumbo a Estados Unidos. El fallo detalló, además, su vínculo con figuras emblemáticas del crimen organizado, como el capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y el hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, quien, según la sentencia, habría aportado fondos a la campaña presidencial de Hernández en 2014 a cambio de blindarse frente a una posible extradición.
