QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Fiscalía de Perú ha solicitado este jueves una pena de ocho años y medio de prisión contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski dentro de una causa por presunta corrupción, al estimar que se valió de su cargo como ministro de Economía entre 2001 y 2005 para beneficiar a la constructora Odebrecht en la concesión de un proyecto.
El Ministerio Público plantea idéntica condena para el exministro de Transportes José Ortiz y pide nueve años de cárcel para otros siete procesados por la adjudicación a la firma brasileña de un tramo de la Carretera Interoceánica del Norte.
Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso la emisora RPP, la Fiscalía sostiene que Kuczynski, de 87 años, utilizó su posición al frente del Ministerio de Economía y del Consejo Directivo de Proinversión entre 2004 y 2005 para mantener encuentros con Jorge Barata, máximo responsable de Obedrecht en Perú, con el objetivo de favorecer a la compañía en dicha licitación.
“Dicho favorecimiento se habría obtenido a través de la adjudicación (…) y el contrato de concesión, en desmedro de los intereses del Estado, lo que representó un perjuicio económico al país por un equivalente a 108,4 millones de dólares (923 millones de euros)”, recoge el documento.
De forma paralela, Kuczynski se enfrenta a una solicitud de 35 años de prisión por presunto blanqueo de capitales, al atribuirle la recepción de sobornos de Obedrecht cuando formaba parte del Gobierno del presidente Alejandro Toledo. La Fiscalía le acusa de encabezar una presunta organización criminal en el ya disuelto partido Peruanos por el Kambio, que habría recibido aportaciones irregulares para la campaña electoral de 2016 por parte de la constructora CASA, integrada en la trama conocida como ‘Club de la Construcción’, un consorcio de empresas que desde 2001 habría ofrecido sobornos para asegurarse contratos públicos.
En marzo de 2018, tras apenas 20 meses en la jefatura del Estado, Kuczynski presentó su dimisión rechazando las imputaciones de corrupción. Un año más tarde, la Justicia le impuso 36 meses de prisión preventiva, medida que finalmente se ejecutó en régimen de arresto domiciliario debido a sus problemas de salud.
