El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha decidido este lunes designar a la organización islamista Hermanos Musulmanes y al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés) como “grupos terroristas”, siguiendo la estela de la resolución adoptada a mediados de noviembre por el estado de Texas.
La medida queda recogida en una orden ejecutiva “con efecto inmediato” difundida por el dirigente republicano en su perfil de la red social X. En dicho documento insta a los cuerpos policiales y al sistema judicial del estado a que “adopten todas las medidas legales para prevenir las actividades ilegales en Florida” por parte de las organizaciones mencionadas.
El texto establece además que las agencias del Gobierno de Florida “emprenderán todas las acciones legales” posibles para impedir que estas entidades, así como cualquier persona que les haya “proporcionado apoyo material o recursos (…) reciba cualquier contrato, empleo, fondos u otro beneficio o privilegio” procedente de las administraciones públicas.
La orden ejecutiva, que se hace extensiva a “cualquier subdivisión” de Hermanos Musulmanes, justifica la decisión aludiendo, entre otros argumentos, a la “larga historia de participación o apoyo a la violencia, incluidos asesinatos políticos y ataques terroristas contra civiles” atribuida a esta organización islamista, fundada a comienzos del siglo XX y cuya “ideología (…) es irreconciliable con los principios fundacionales estadounidenses”.
Respecto a CAIR, el documento menciona presuntos lazos de algunos de sus integrantes con Hermanos Musulmanes y con su rama en Palestina, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), así como con “grupos extremistas islámicos”.
La catalogación formal de entidades como grupos terroristas suele corresponder al Gobierno federal estadounidense. No obstante, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya adoptó una declaración prácticamente idéntica el pasado 18 de noviembre, apoyándose en argumentos muy similares a los ahora esgrimidos por Florida.
En aquel momento, la organización CAIR calificó la acusación del mandatario texano de “difamatoria”, sosteniendo que “carece de fundamento legal y fáctico”, y advirtió de que está “lista para demandarlo si intenta convertir esta maniobra publicitaria en una política real”, recordando que ya lo ha hecho “con éxito en tres ocasiones”.











