La ONG venezolana Foro Penal, dedicada al seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha recibido “con optimismo, pero con cautela” la ley de amnistía presentada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La organización reclama garantías firmes para que la iniciativa contribuya efectivamente a la “reconciliación nacional” y a la “no repetición” de las vulneraciones de Derechos Humanos que motivan su planteamiento.
Foro Penal define la amnistía como un “mecanismo jurídico, político y social necesario para el logro de la reconciliación, la justicia y la paz nacional” y subraya que, en consecuencia, debe “sustentarse y formularse con base en los principios” vigentes tanto en el ordenamiento interno como en el derecho internacional, delimitando “claramente” su alcance de acuerdo con la Constitución de Venezuela.
En este sentido, la ONG recuerda el artículo 29 de la Carta Magna, “que prohíbe expresamente que la amnistía favorezca o incluya a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”, y exige el “respeto irrestricto” a “los principios de libertad y de la favorabilidad, evitando que cualquier duda sobre la aplicación de la amnistía sea resuelta de manera desfavorable al preso o al perseguido”.
Para asegurar que el proyecto “realmente responde a los retos que nos impone este momento político”, Foro Penal reclama “la participación activa de la sociedad civil, de las ONG de DDHH y, muy especialmente, de las víctimas de la prisión y persecución política en Venezuela en su redacción, aplicación y seguimiento”.
La nota añade que este enfoque pasa por “apoyarse” en los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos, “haciendo valer los pronunciamientos, opiniones, decisiones y recomendaciones que se han dictado sobre los casos de los presos y perseguidos políticos de (Venezuela) a lo largo de todos estos años”.
En paralelo, la organización solicita que “se continúe con el proceso de excarcelación de los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad” mientras se tramita y aprueba la ley de amnistía.
Delcy Rodríguez había anunciado horas antes “una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente”, en un contexto de excarcelaciones posteriores a la captura del presidente Nicolás Maduro, que las ONG sitúan ya en más de 700 personas.
Según la presidenta encargada, esta norma, que contaría con el apoyo de Maduro, pretende “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia” y el “extremismo”, además de “reencauzar la justicia y la convivencia” en el país.
Foro Penal eleva este jueves a más de 700 el número de “presos políticos” liberados desde el inicio de la última oleada de excarcelaciones, el pasado 8 de enero, aunque advierte de que todavía hay más de 11.000 ciudadanos sometidos a restricciones “arbitrarias” de su libertad.