La ONG Foro Penal ha comunicado que más de medio millar de presos políticos han sido liberados en Venezuela en el contexto de la amnistía aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional, una iniciativa promovida por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que dirige el país desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante el ataque ejecutado por el Ejército estadounidense a comienzos de enero.
“Desde la semana pasada se han liberado un total de 568 presos, entre ellos 505 hombres y 63 mujeres, de los cuales 386 son civiles y otros 182 militares. En total, se trata de 567 adultos y un adolescente”, tal y como ha informado la organización en un mensaje difundido en redes sociales.
La ONG ha precisado igualmente que 52 de las personas excarceladas cuentan con nacionalidad extranjera y ha subrayado que las detenciones “por motivos políticos” suman ya 18.944 desde 2014, año marcado por las masivas protestas contra el Gobierno venezolano, en las que el opositor Leopoldo López se convirtió en emblema de la disidencia tras ser arrestado y acusado de impulsar las movilizaciones. López acabaría siendo sentenciado a 13 años y nueve meses de prisión.
A raíz de aquellas protestas —que dejaron 43 muertos— se puso en marcha un primer intento de diálogo entre las autoridades y los principales partidos opositores. Sin embargo, el proceso quedó pronto en punto muerto, con la movilización en las calles prácticamente desactivada y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) mostrando profundas fracturas internas.
El presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza, ha indicado que, una semana después de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, se han recibido 7.461 peticiones de excarcelación. Según sus datos, este proceso ha permitido la liberación “plena” de 4.151 personas, de las cuales 217 estaban en prisión preventiva y otras 3.934 permanecían bajo distintas medidas cautelares.
Por otro lado, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha recalcado que la amnistía “no ampara delitos futuros” y ha remarcado que esta decisión debe entenderse como una ocasión para “la convivencia democrática”. Al mismo tiempo, ha llamado a “mantener el camino electoral como rumbo institucional”.
Durante su programa ‘Con el Mazo Dando’, ha insistido en que la norma no puede verse como una autorización para “cometer crímenes”. “No estoy amenazando, estoy haciendo un favor para evitar confusiones y fomentar un clima político más estable”, ha añadido.
En su opinión, la estrategia de reconciliación “debe estar acompañada de responsabilidad y control para evitar que episodios de violencia o golpes de Estado se repitan”. En esta línea, ha traído a colación experiencias anteriores ligadas a amnistías e indultos, en las que algunos beneficiarios retomaron acciones que “desestabilizaron” contra el Estado.