Las Fuerzas Armadas de Sudán del Sur han logrado retomar el control de la localidad de Kadiba, que había sido ocupada a finales de septiembre por dos facciones rebeldes en un contexto de creciente tensión debido a un juicio por presuntos crímenes contra la humanidad contra Riek Machar, ex líder rebelde y ex vicepresidente del país.
El vocero militar, Lul Ruai Koang, declaró que ‘las Fuerzas Armadas han recuperado con éxito Kadiba tras neutralizar la resistencia’ de los grupos implicados, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) y el Frente de Salvación Nacional (NAS). Afirmó además que ‘Nuestras fuerzas controlan totalmente el área y la normalidad ha sido restaurada’.
Además, se ha confirmado que los enfrentamientos resultaron en la muerte de un soldado y varios insurgentes, aunque los rebeldes aún no han hecho declaraciones sobre los eventos recientes en Kadiba, situada a unos 35 kilómetros de Mundi y que alberga una importante base militar.
El ataque del 24 de septiembre por parte del SPLM-IO y el NAS, que formaron una alianza tras la acusación contra Machar, desencadenó un desplazamiento de aproximadamente 30.000 personas.
Machar enfrenta acusaciones por asesinato, traición, conspiración, financiación del terrorismo, actos contra autoridades estatales y crímenes contra la humanidad, relacionados con enfrentamientos en febrero en Alto Nilo entre el ejército y la milicia White Army. El SPLM-IO ha criticado estos cargos y ha denunciado el proceso judicial contra su líder.
La acusación contra Machar ha intensificado las tensiones, especialmente tras el llamado del SPLM-IO a sus seguidores y miembros a ‘usar todos los medios disponibles’ para ‘un cambio de régimen’. ‘El actual régimen en Sudán del Sur no está fundamentado en el acuerdo de paz (de 2018), sino que es una cobertura para una dictadura’, acusó el grupo.
Esta crisis ocurre luego de que el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, medida que ha sido criticada por la comunidad internacional, que ha instado a Yuba a avanzar en la implementación completa del acuerdo de paz de 2018, ya que algunos compromisos, incluidas las elecciones, aún no se han materializado.