El partido Fuerza Popular, liderado por la varias veces candidata presidencial Keiko Fujimori, junto con el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi, han decidido respaldar al presidente encargado de Perú, José Jerí, pese a que varios grupos parlamentarios han registrado hasta seis mociones de censura en su contra por una serie de reuniones clandestinas con un empresario chino.
Fujimori y Rospigliosi han aprovechado la crisis de seguridad que atraviesa el país para justificar su negativa a apoyar estas iniciativas. “Se necesita orden, no más caos”, señala el más reciente comunicado de Fuerza Popular, en el que admite que las explicaciones ofrecidas por Jerí “siguen generando dudas sobre (...) lo que realmente ocurrió”.
“Perú sigue enfrentando el monstruo de la inseguridad y la pobreza ha seguido avanzando (...) Los ciudadanos nos piden a los políticos que dejemos la peleas inútiles y pongamos el foco en lo importante: ordenar el país”, añade el texto.
Desde la formación de Fujimori se acusa a los promotores de las mociones de actuar por “cálculo electoral” y se insiste en que no se unirán “al coro desestabilizador de siempre”, integrado, según su visión, por comunistas, la llamada izquierda caviar y ahora también “moralistas de derecha”.
Por su parte, Rospigliosi ha rechazado convocar un pleno extraordinario para debatir estas iniciativas durante el receso parlamentario, que se extenderá hasta marzo. Aunque admite que las reuniones de Jerí fuera de agenda —la normativa peruana obliga al presidente a registrarlas— fueron “incorrectos”, considera que no alcanzan la gravedad necesaria para sustentar una moción de censura.
En las últimas horas se han sumado otras dos mociones de censura contra el mandatario interino por estos mismos hechos, ocurridos a finales de diciembre de 2025. Las más recientes han sido presentadas por Renovación Popular y Acción Popular, teóricos aliados en la legislatura, que se añaden a las cuatro impulsadas previamente por la oposición.
El miércoles, Jerí compareció ante la comisión de fiscalización del Congreso y negó haber incurrido en algún acto ilegal, descartando de nuevo su renuncia. El caso gira en torno a sus encuentros con el empresario chino Zhihua Yang, quien ya había obtenido contratos con el Estado peruano.
Además de una cita no registrada de forma oficial en un local clausurado de este empresario, en la que también habría participado otro ciudadano chino procesado por tráfico ilegal de madera, están siendo investigadas varias visitas de Zhihua a Palacio de Gobierno entre el 26 de diciembre y el 6 de enero.