El exvicepresidente de Kenia, Rigathi Gachagua, ha acusado este domingo al Gobierno de su antiguo aliado, el presidente William Ruto, de estar detrás del ataque de un “escuadrón asesino respaldado por la Policía local”. Según su versión, este grupo se habría enfrentado a él, a sus escoltas y a sus partidarios en las inmediaciones de una iglesia en Othaya, a unos 125 kilómetros al norte de Nairobi, donde también habrían lanzado gases lacrimógenos al interior del templo.
En un mensaje difundido a primera hora en redes sociales, Gachagua ha denunciado que “William Ruto ha enviado un escuadrón de asesinos para matarnos dentro de la iglesia ACK de Wairima, en Othaya. Nos encontramos atrapados en la iglesia, siendo atacados con munición real y gas lacrimógeno, y nuestros vehículos han sido incendiados”, y ha solicitado “a los kenianos que recen para que podamos salir con vida”.
Más tarde, el exvicepresidente ha comunicado que se encontraba “a salvo” tras ser evacuado por su equipo de seguridad, que, de acuerdo con su relato, habría contado con la colaboración de vecinos de la zona. Ya desde su residencia en Wamunyoro, algo más al norte, ha pedido a “los miles de seguidores” que lo aguardaban en Othaya y en la cercana Kiawara “que regresen pacíficamente a sus casas”, aludiendo a la destrucción de sus vehículos y al desmantelamiento de sus equipos de sonido.
Gachagua ha advertido además de que “tenga en cuenta que el escuadrón asesino respaldado por la Policía local está en los dos lugares y no conocemos su intención después de no poder asesinarme dentro de una iglesia”, y ha expresado su agradecimiento “a todos los dirigentes y al pueblo de Kenia por salir a condenar este acto atroz de William Ruto”. El presidente keniano, por el momento, no ha respondido públicamente a estas acusaciones.
Las denuncias del exvicepresidente han provocado una cascada de reacciones políticas. El líder del movimiento Wiper, Kalonzo Musyoka, ha rechazado lo ocurrido y, aludiendo igualmente al uso de munición real, ha condenado “enérgicamente” lo que ha descrito como una “grave e inaceptable violación de la Constitución y el Estado de derecho”. Ha subrayado que “una iglesia es un espacio sagrado y protegido” y que “el uso de la fuerza contra ciudadanos desarmados en tales circunstancias es ilegal e indefendible”, según informa el diario keniano ‘Daily Nation’.
En la misma línea, el exfiscal general y exsecretario de gabinete de Ruto hasta marzo de 2025, Justin Muturi, ha censurado el incidente y ha reclamado “a la Policía que asuma su responsabilidad”. “Este comportamiento es inaceptable en un país democrático en funcionamiento”, ha añadido, de acuerdo con el mismo medio.
Tras el estallido de la polémica, el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, ha manifestado que ha seguido “con gran preocupación” lo sucedido en la iglesia y ha remarcado que “la violencia en cualquier lugar, y mucho menos en un lugar de culto, es inaceptable”.
Murkomen ha explicado que ha mantenido una conversación con el inspector general de Policía, Douglas Kanja, quien le “ha asegurado que se están llevando a cabo investigaciones con la urgencia que este asunto merece y que los responsables serán llevados ante la Justicia”.
El titular de Interior ha recalcado que “la Policía debe actuar con imparcialidad y actuar con decisión contra los promotores y autores de este acto, independientemente de su posición social o afiliación política”, y ha reiterado el “firme compromiso” del Ejecutivo “con la defensa de los principios de la democracia, incluido el derecho de reunión legal y la libertad de culto”. También ha pedido calma a los habitantes de la zona: “Insto a la población de la zona a mantener la calma mientras las fuerzas del orden abordan el asunto”.
No obstante, estas declaraciones no han servido para calmar a Gachagua, que en manifestaciones recogidas por el diario digital Citizen ha acusado directamente a las fuerzas de seguridad de preparar el ataque. Según su testimonio, “llovieron balas a cántaros. Durante 40 minutos, unos matones nos asaltaron en la iglesia, pero la comisaría de Othaya está a solo 200 metros. ¿Cómo pueden decir que van a investigar?”, ha protestado, cifrando en 15 el número de agentes que habrían intervenido en el suceso.