El Ministerio del Interior de Georgia ha confirmado la apertura de una investigación penal tras los graves disturbios registrados el sábado, coincidiendo con las elecciones municipales. Estos enfrentamientos han resultado en importantes daños materiales y aproximadamente treinta personas heridas, según fuentes oficiales.
El viceministro del Interior, Aleksandre Darakhvelidze, ha señalado que la investigación se centrará en varias infracciones del Código Penal georgiano, incluyendo el artículo 317, por incitación a cambiar el orden constitucional mediante la violencia o derrocar al Gobierno; el artículo 187, por daños o destrucción de propiedad; el artículo 222, por el intento de toma o bloqueo de instalaciones de comunicación o estratégicas; y el artículo 225, por organización y participación en violencia grupal.
Darakhvelidze ha explicado que los manifestantes han desoído las advertencias de las fuerzas de seguridad y los comunicados oficiales del Ministerio, traspasando los límites legales del derecho de reunión, según informa el sitio web Civil Georgia.
Además, algunos instigadores de las protestas promovieron mensajes violentos, destruyeron barreras de seguridad y trataron de entrar en la residencia presidencial en la calle Atoneli.
Los enfrentamientos dejaron al menos seis manifestantes y 21 agentes de la Policía georgiana heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Georgia, citado por medios locales. Previamente, se informó de 14 agentes heridos, uno de ellos crítico.
Darakhvelidze ha confirmado que ya se han puesto en marcha procedimientos judiciales para identificar y arrestar a todos los implicados en los actos ilegales y ha instado a los manifestantes a colaborar con las autoridades para evitar un deterioro mayor de la situación. Además, ha advertido que de continuar los disturbios, se aplicarán todas las medidas legales disponibles para asegurar la estabilidad y seguridad nacional.
Este periodo de tensión en Georgia comenzó desde las elecciones de octubre del año pasado, que evidenciaron una división entre el Gobierno y Salomé Zurabishvili, autoproclamada líder ‘de facto’ de la oposición y expresidenta del país, favorable a Bruselas.
La situación se complicó aún más después de que la Unión Europea suspendiera las negociaciones de adhesión de Georgia, tras acusar al partido Sueño Georgiano de actuar como ejecutor de las políticas rusas en el país, incluyendo una controvertida ley de agentes extranjeros y legislación contraria a los intereses de la comunidad LGTBI.