El Gobierno de Gibraltar ha recibido con satisfacción este miércoles el aplazamiento de la entrada en vigor provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido, que pasa a fijarse ahora en el 15 de julio, subrayando que este nuevo calendario “aporta certeza y tiempo adicional para prepararse”.
Tras el respaldo político unánime de los Veintisiete a la firma y puesta en marcha del pacto, que podría materializarse el 15 de julio, el Ejecutivo del Peñón ha calificado la decisión como una “noticia muy positiva”, destacando que “la nueva fecha aporta certeza y tiempo adicional para prepararse”.
En un comunicado oficial, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha recalcado que la confirmación es “positiva” y que proporciona “claridad y tiempo” tanto a la población como al tejido empresarial gibraltareño.
Según han expuesto las autoridades del Peñón, el nuevo calendario “permite saber con exactitud cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas normas. Además, ofrece a las empresas de Gibraltar, que deben adaptarse a los nuevos procedimientos aduaneros, más tiempo para ajustarse y perfeccionar los nuevos mecanismos”.
El acuerdo alcanzado entre Reino Unido y la UE redefine el encaje de Gibraltar con el bloque comunitario y contempla el desmantelamiento de la Verja. Las autoridades han precisado que Gibraltar cuenta con garantías de que el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES) europeo no se aplicará a los residentes en el Peñón, “sea cual sea el color de su tarjeta de registro civil”.
Desde el Gobierno gibraltareño se valora especialmente que los 27 hayan dado luz verde a estos entendimientos por unanimidad, señalando que “supone un paso decisivo en el proceso”. “Este respaldo colectivo aporta mayor seguridad y autoridad al marco acordado, y refleja el compromiso común de toda la Unión Europea de poner en práctica estas nuevas disposiciones de manera duradera y ordenada”, han añadido.
El acuerdo anunciado este miércoles es todavía un acuerdo de principio y requiere la adopción formal por parte de la misma institución para que pueda firmarse y aplicarse de forma provisional. Este trámite implica un periodo adicional, estimado en al menos dos meses, necesario para completar las revisiones jurídica y lingüística del Tratado, cuyos textos deben traducirse a todas las lenguas oficiales de la UE.