El Gobierno palestino ha exigido este lunes a la comunidad internacional ‘soluciones prácticas’ para abordar los ‘crímenes’ cometidos por Israel, que incluyen el ‘genocidio’ en la Franja de Gaza y los esquemas de ‘anexión y desplazamiento de población’ en Cisjordania y Jerusalén Este, sugiriendo la imposición de sanciones y la terminación de relaciones con las autoridades israelíes.
En un mensaje difundido a través de X, el Ministerio de Exteriores palestino ha declarado que ‘la continuación del genocidio y la anexión requiere soluciones prácticas’, criticando ‘el fracaso internacional’ para frenar estas prácticas tras los ataques del 7 de octubre de 2023, liderados por Hamás.
El comunicado también ha expresado que ‘la ocupación sigue perpetrando masacres masivas y utilizando el hambre como arma’, mientras ‘anuncia abiertamente sus intenciones de desplazar y anexionar Cisjordania ocupada’, lo que ‘debería impulsar a los Estados, Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU a revisar el impacto de sus resoluciones, esfuerzos y operaciones’.
‘Deben desarrollar soluciones prácticas que pongan fin al desprecio del Gobierno israelí al consenso internacional y rechazar estos crímenes’, ha enfatizado el Ministerio, añadiendo que ‘las acciones de la ocupación y sus líderes amenazan directamente la paz y la seguridad internacional, socavan rápidamente la credibilidad de las instituciones internacionales y avanzan hacia su reemplazo por la ley de la jungla’.
Además, ha instado a la imposición de sanciones ‘contra el sistema colonial de ocupación’ y a la ruptura de relaciones con Israel para terminar con ‘esta prolongada ocupación y la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza, que se ha convertido en una catástrofe global en todos los sentidos de la palabra’.
Finalmente, el Gobierno palestino ha resaltado la importancia de que los países que aún no han reconocido al Estado de Palestina lo hagan y tomen ‘acciones inmediatas’ para ‘incrementar las opciones de aplicar la solución de dos Estados’, apoyada por casi toda la comunidad internacional pero rechazada por el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu.