El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha presentado una petición este viernes ante la Corte Suprema para que se eliminen las protecciones contra deportaciones de cerca de 300.000 venezolanos residentes en el país, facilitando así su posible expulsión. Además, ha criticado a una corte inferior por emitir un veredicto que calificó de “afrenta innecesaria”.
La demanda se relaciona con la medida adoptada a principios de año por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado previamente a estos migrantes venezolanos en Estados Unidos, antes del término previsto por Alejandro Mayorkas, su antecesor, durante la presidencia de Joe Biden.
Según la administración anterior, mantener a estos extranjeros en el país de forma temporal “sería contrario al interés nacional” y alertó sobre el riesgo de un “efecto llamada” que podría atraer a más venezolanos, “más allá de los actuales beneficiarios del TPS”.
Noem ha argumentado que las bases para extender el estatus de protección durante la legislatura pasada fueron “débiles e inadecuadamente desarrolladas”, lo cual permitiría al nuevo gobierno “tomar decisiones informadas respecto a las designaciones del TPS”, según se expone en la solicitud a la Corte Suprema.
Además, el documento refuta la resolución de instancias inferiores, insistiendo en que “las acciones del Secretario con respecto a la designación del TPS para Venezuela deben mantenerse en vigor mientras continúa el litigio”, tal como se había establecido anteriormente.
“Esa decisión reflejó la evaluación de este Tribunal de que los méritos legales y los factores equitativos favorecen al Gobierno. Dado que ninguno de esos factores ha cambiado, este Tribunal debería restablecer la suspensión en espera de una resolución definitiva sobre el fondo del asunto”, se lee en la comunicación.
El equipo legal de Trump ha criticado que la primera orden de la Corte Suprema en este caso no incluyó justificación alguna para su decisión, algo que consideran irrelevante. “Ya sea que esas resoluciones consten de una sola línea o de varias páginas, desobedecerlas —como lo han hecho aquí los tribunales inferiores— resulta inaceptable”, informó CNN.
Varios jueces de instancias inferiores han expresado confusión sobre cómo actuar en situaciones donde la Corte Suprema ha ofrecido poca o ninguna explicación en sus rápidas decisiones. “No nos están dando ninguna orientación”, expresó el juez del circuito federal James Wynn en una reciente audiencia.
Un aspecto crucial en este litigio es si Kristi Noem poseía la autoridad legal para revocar el TPS antes de que finalizara su vigencia. La Administración Biden había inicialmente concedido el estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos en marzo de 2021, debido al incremento de la inestabilidad en Venezuela, y lo extendió nuevamente en 2023.
Antes del cambio de mando al presidente actual, Donald Trump, el gobierno de Biden renovó estas protecciones por otros 18 meses. Por esta razón, los demandantes —hasta ahora beneficiarios del TPS— han criticado que la decisión de Noem de cancelar abruptamente estas protecciones contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige que las agencias federales sigan ciertos pasos formales al cambiar políticas públicas. Además, han denunciado que la decisión fue motivada por razones políticas y raciales.