QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ejecutivo ucraniano ha tomado la decisión de eliminar los poderes del Consejo de Supervisión de Energoatom, la corporación estatal de energía nuclear, en respuesta a una investigación de lavado de dinero en una de sus sedes en Kiev, inspeccionada a inicios de esta semana por las autoridades.
«Hoy se han tomado las primeras decisiones para relanzar Energoatom. El Gobierno ha suspendido anticipadamente las funciones del Consejo de Supervisión de la empresa», declaró la primera ministra Yulia Sviridenko a través de un mensaje en Telegram.
Sviridenko detalló que desde 2023, tras una «reforma» del Consejo de Supervisión, este ha tenido plena autoridad sobre la gestión y supervisión de la empresa, eligiendo a sus miembros «mediante concurso». Además, ha recalcado que el Gobierno de Kiev «no interfirió en sus actividades», y ha solicitado al Consejo que «asuma la responsabilidad de la situación de la empresa».
La primera ministra también ha comunicado que el Ministerio de Economía, Medio Ambiente y Agricultura propondrá una nueva lista para el Consejo de Supervisión, que el Gobierno deberá aprobar en una semana. Su finalidad es «reiniciar rápidamente la dirección, realizar una auditoría completa de la empresa y prestar toda la asistencia necesaria a las fuerzas del orden en la investigación de los posibles casos de corrupción».
Adicionalmente, Sviridenko anunció que «se ha encargado al Servicio Estatal de Auditoría que realice una auditoría urgente de Energoatom, incluidas las adquisiciones», con el objetivo de obtener los resultados «lo antes posible» para enviarlos a las fuerzas del orden y a los organismos anticorrupción.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) revelaron este lunes una operación a gran escala para investigar una red de corrupción en el sector energético, en medio de restricciones al suministro eléctrico debido a recientes ataques rusos.
Según ambas entidades, una «organización criminal» lavaba dinero desde una oficina en Kiev, propiedad del exdiputado y empresario ucraniano Andréi Derkach, ahora senador ruso. Se estima que «cerca de 100 millones de dólares (87 millones de euros) pasaron por este sistema de blanqueo».
