El Gobierno venezolano ha indicado este sábado que el exgobernador del estado de Nueva Esparta Alfredo Díaz, de 55 años, falleció a causa de un infarto, y ha sostenido que el procedimiento judicial en su contra se desarrollaba “con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los Derechos Humanos y su defensa jurídica”.
El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) ha difundido esta versión oficial “en cumplimiento con el principio de transparencia y con el deber de informar a la ciudadanía”, pocas horas después de que la oposición venezolana denunciara su muerte mientras cumplía una “injusta condena” en la prisión de El Helicoide, en Caracas.
Según el comunicado del MPPSP, “el día sábado 6 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 06.33 horas (hora local), el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio; siendo auxiliado por sus compañeros de recinto, e inmediatamente fue atendida la emergencia por el emergenciólogo y el paramédico de guardia de dicha unidad, quienes le prestaron la atención médica primaria y en virtud de su condición de salud, fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después”.
La nota del Ejecutivo de Caracas concluye trasladando sus condolencias por este “lamentable hecho” a familiares y personas cercanas a Díaz, quienes, tras conocer la noticia, reclamaron explicaciones urgentes al Gobierno sobre las condiciones en las que se produjo su muerte.
Díaz había sido detenido por fuerzas de seguridad en noviembre de 2024 cuando se desplazaba en autobús hacia la frontera con Colombia tras las polémicas elecciones presidenciales. Después de permanecer varios días sin comunicación con el exterior, fue llevado al centro de reclusión de El Helicoide, al que la oposición señala desde hace años como un lugar utilizado para torturar a disidentes políticos.
En noviembre, Amnistía Internacional Américas calificó el caso de Díaz como una “detención arbitraria por su perfil político” y denunció que fue sometido “a desaparición forzada durante los primeros cuatro días de su detención”.