Greenpeace ha expresado su satisfacción por la decisión tomada el miércoles por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), situada en La Haya, que dictamina que los Estados deben implementar todas las acciones posibles para asegurar el derecho a un ambiente puro, saludable y sostenible.
Se establece además la eliminación de cualquier forma de apoyo económico a los combustibles fósiles, junto con la restricción de nuevas autorizaciones para exploración y prospección.
Asimismo, se establecen responsabilidades para las empresas, incluyendo la obligación de remediar los daños provocados por sus emisiones, sin importar el lugar de ocurrencia.
Por primera vez desde su fundación, y después de la petición realizada en 2023 por más de 190 países ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Corte ha emitido una Opinión Consultiva enfocada únicamente en la crisis climática.
Para Greenpeace, esta decisión «representa un hito en la protección de la población afectada por la crisis climática, al reforzar las responsabilidades de los Estados más allá de lo dispuesto en el Acuerdo de París e incorporar nuevas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos».
La ONG señala que la resolución contiene «afirmaciones trascendentales», como que la falta de cumplimiento del Protocolo de Kioto constituye un acto internacionalmente ilícito, o que las contribuciones nacionales para reducir emisiones no son opcionales, sino que deben ayudar a lograr el objetivo legal de mantener el incremento de la temperatura global en 1,5º C.
«Los Estados ya no pueden seguir eludiendo sus obligaciones climáticas, y los contaminantes deben pagar por los daños que han causado. A partir de este momento, los tribunales nacionales deben aplicar esta doctrina internacional, haciendo que tanto Gobiernos como empresas rindan cuentas», ha declarado la abogada de Greenpeace España Lorena Ruiz-Huerta.
La ONG ha evaluado positivamente esta resolución «ante la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, que amenazan la salud y la vida de millones de personas, como la dana del 29 de octubre de 2024, los recientes incendios de más de 3000 hectáreas ocurridos en diferentes comunidades autónomas, o las recientes olas de calor de junio, que han causado más de 1.000 muertes».
La Corte hace recomendaciones específicas para asegurar la justicia climática intergeneracional, brindando una protección histórica a las comunidades más impactadas por la crisis climática, así como la protección del ambiente para las futuras generaciones.