QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Un grupo integrado por 29 abogados ha interpuesto una denuncia contra Gérald Darmanin, Ministro de Justicia de Francia, acusándolo de parcialidad en el proceso judicial contra el expresidente Nicolas Sarkozy. Esta denuncia se produce tras la visita de Darmanin a Sarkozy en la cárcel el día después de que este fuera encarcelado desde el 21 de octubre, debido a una condena relacionada con financiación ilegal de su campaña de 2007 por parte del régimen de Muamar Gadafi.
Los letrados han llevado su caso ante el Tribunal de Justicia de la República, argumentando que Darmanin, al realizar la visita y anunciarla previamente, “ha tomado partido en un asunto sobre el que tiene poder administrativo o de supervisión como superior jerárquico de la Fiscalía”, según se detalla en el documento de diez páginas obtenido por BFM TV.
Además, en la denuncia se menciona que “Gérald Darmanin, aunque no tenga poder de decisión sobre la posición de la Fiscalía en el caso, tiene un poder implícito debido a su condición de superior jerárquico. Por lo tanto, sin duda tiene un poder de supervisión o administración inherente a su cargo de Ministro de Justicia”, cuestionando así las verdaderas intenciones de la visita del ministro al exmandatario conservador.
Los abogados sostienen que “la declaración de Gérald Darmanin no puede separarse del resto de sus comentarios ni del apoyo que ha brindado a Nicolas Sarkozy, su antiguo colega y amigo”, subrayando que la relación personal entre ambos “constituye un interés moral y, más concretamente, personal”.
El documento añade que “este interés probablemente comprometa la imparcialidad y la objetividad de Gérald Darmanin, quien, como ministro de Justicia, no puede tomar una posición de este tipo en un caso pendiente”.
El ministro, en su visita previa a la cárcel, había declarado que sus futuras visitas no cuestionarían el sistema judicial, sino que verificarían que se cumplen todas las condiciones de seguridad, dada la importancia del caso y del recluso. Sarkozy, condenado a cinco años por asociación de malhechores y con otras causas pendientes, ha proclamado siempre su inocencia y se ha declarado víctima de un “escándalo judicial” con motivaciones políticas.
