Guatemala aprueba el estado de sitio y avala que civiles porten armas de fuego

El Congreso de Guatemala ratifica el estado de sitio de Arévalo, endurece medidas contra las pandillas y permite que civiles porten armas legalmente.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ante el Congreso. Europa Press/Contacto/Fernando Chuy

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El Congreso de Guatemala ha validado el estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo para los próximos 30 días con el objetivo de hacer frente a las pandillas tras una serie de ataques y motines en varias prisiones del país. La Cámara ha introducido una serie de cambios al texto original, entre ellos la posibilidad de que los civiles puedan portar armas de fuego de forma legal.

La iniciativa fue aprobada por 149 diputados, incorporando algunas modificaciones. Finalmente se ha autorizado la realización de celebraciones religiosas y actividades culturales al aire libre, así como los actos vinculados a las elecciones de segundo grado que se desarrollarán en el país centroamericano a lo largo de 2026. Al mismo tiempo, se ha establecido la prohibición durante 30 días de las visitas a reclusos pandilleros, según recoge “Prensa Libre”.

El pasado domingo, Arévalo declaró el estado de sitio tras asumir el control de las cárceles donde se registraron los disturbios ordenados por la pandilla Barrio 18, que reclamaba traslados y mejores condiciones carcelarias, algunas de ellas consideradas “privilegios” por el propio Gobierno.

Como respuesta a las acciones de las autoridades, el grupo lanzó varios ataques coordinados contra la Policía, que han dejado ya una decena de agentes fallecidos. Paralelamente, el Ejecutivo ha comunicado en las últimas horas la captura de 17 “terroristas” y la muerte de otro durante uno de los motines.

“El Lobo”, cerebro de la escalada violenta

Según las investigaciones, detrás de esta oleada de violencia se encuentra Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, uno de los máximos líderes de Barrio 18, señalado como el organizador de los motines simultáneos en tres centros penitenciarios del país, después de que se le retiraran ciertos privilegios y se endureciera el control sobre las visitas.

“El Lobo”, encarcelado desde hace dos décadas, cumple una condena de 80 años por varios homicidios. Considerado el rostro más visible de Barrio 18, el Ejecutivo ha denunciado que exigía “privilegios” como aire acondicionado, una cama más grande y comida a domicilio, peticiones que viene formulando desde que en 2025 fue trasladado a una prisión de máxima seguridad.

Pese a llevar veinte años entre rejas, la prensa local calcula que podría haber llegado a obtener hasta 10.000 dólares semanales mediante actividades de extorsión. Desde el oficialismo se han vuelto a subrayar los presuntos vínculos de “El Lobo” con la familia de la ex primera ministra y ex candidata presidencial Sandra Torres.

El dirigente de Barrio 18 mantiene una relación sentimental con la sobrina de Torres, María Marta Castañeda, actualmente detenida y con un amplio historial delictivo que abarca delitos como asesinato, estafa, asociación para delinquir y lavado de dinero.