El Congreso de Guatemala ha dado luz verde a una nueva legislación que categoriza a las pandillas como grupos terroristas y refuerza las sanciones por la comisión de ciertos crímenes. Esta medida llega tras la fuga de numerosos integrantes de estas agrupaciones delictivas de un penal de alta seguridad.
En respuesta a la situación de alarma provocada por este suceso, los legisladores han promovido la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas, que ha sido ratificada tras una tercera votación y extensas deliberaciones parlamentarias.
La ley establece un marco legal que facilita al Estado implementar estrategias de seguridad contra las ‘acciones criminales’ de las maras y otros grupos. Además, identifica específicamente como terroristas a los integrantes de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha, con la posibilidad de extender esta clasificación a futuros grupos delictivos similares, según reporta ‘Prensa Libre’.
El texto legal incrementa las penas para delitos como violación, agresión sexual, extorsión, tráfico de vehículos robados, obstrucción al tránsito y asociación ilícita. Aquellos que involucren a menores en las actividades de las maras enfrentarán de 14 a 18 años de cárcel y multas de hasta 300.000 quetzales (aproximadamente 34.000 euros).
Adicionalmente, el Sistema Penitenciario deberá mantener una base de datos actualizada de todos los detenidos, un recurso que hasta ahora no disponían las autoridades. Se ha introducido también el delito de ‘enriquecimiento ilícito extorsivo’, con penas de entre 14 y 18 años de prisión, y la usura, con penas de hasta diez años.