Las autoridades de Guatemala han decretado un estado de prevención en todo el territorio nacional durante 15 días con el objetivo de hacer frente a la "criminalidad" asociada a maras y pandillas. La medida, que ya cuenta con la aprobación de la Presidencia, persigue aplicar "medidas extraordinarias" y contempla la restricción de derechos como las reuniones al aire libre y las manifestaciones públicas.
El documento oficial, firmado por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, y difundido en la Gaceta Oficial, detalla que durante la vigencia del estado de prevención se adoptarán acciones específicas para responder a ataques "contra las autoridades civiles" y se "garantizará la seguridad de los habitantes y sus bienes".
En su artículo 3, el decreto precisa que el estado de prevención configura un marco jurídico que habilita la continuidad de acciones excepcionales y coordinadas por parte de las fuerzas de seguridad, orientadas a "prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz y del orden público por parte de pandilleros".
El texto subraya la necesidad de contar con este marco legal para mantener dichas actuaciones extraordinarias. El nuevo estado de prevención da seguimiento a medidas análogas aplicadas en los 15 días anteriores, tras una decisión destinada a sofocar los motines registrados en varias prisiones del país.
La Presidencia recalca que estas disposiciones no alterarán el funcionamiento ordinario de los organismos del Estado, cuyos integrantes "continuarán gozando de las inmunidades y prerrogativas reconocidas legalmente y no limitarán los procesos de designación o nombramiento de funcionarios que correspondan por plazo constitucional". Asimismo, se puntualiza que el decreto no interferirá en las actividades de los partidos políticos.
Entre las medidas contempladas figuran la restricción de reuniones al aire libre, de manifestaciones públicas y de otros espectáculos, así como la facultad de disolver por la fuerza, sin necesidad de advertencia previa, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se empleen armas o se recurra a actos violentos. También se prevé prohibir la circulación o el estacionamiento de vehículos en zonas, lugares y horarios determinados, impedir su salida de las poblaciones o someterlos a registro.