Guatemala detiene a 17 presuntos terroristas y abate a otro tras los motines en cárceles

La PNC de Guatemala detiene a 17 presuntos terroristas, abate a otro y refuerza la seguridad bajo estado de sitio tras motines y ataques a agentes.

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Agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala desarrollan patrullas conjuntas tras la declaración del estado de sitio en todo el país GOBIERNO DE GUATEMALA EN X

Agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala desarrollan patrullas conjuntas tras la declaración del estado de sitio en todo el país GOBIERNO DE GUATEMALA EN X

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La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala ha informado este domingo de la detención de 17 presuntos miembros de pandillas catalogados como “terroristas” y de la muerte de otro individuo, en el marco de los operativos desplegados tras la reciente oleada de ataques coordinados con motines en tres centros penitenciarios ya controlados, que ha dejado al menos ocho agentes fallecidos.

Según un vídeo difundido por la institución en redes sociales, “Los operativos estratégicos en defensa de la población permitieron la captura de 17 terroristas de Barrio 18 y uno más que fue dado de baja tras enfrentarse a las fuerzas del orden”, mensaje publicado después de que la PNC anunciara que había sido “neutralizado” el pandillero Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias 'El Lobo', señalado como cabecilla de Barrio 18 y principal coordinador de los amotinamientos.

En su balance, el cuerpo policial ha subrayado la “la incautación de 16 pistolas ilegales, dos fusiles de asalto y una granada de fragmentación”, además del decomiso de 160 motocicletas y 49 vehículos, sin detallar su tipo, como parte de las acciones contra las estructuras criminales implicadas en los ataques.

Las autoridades atribuyen esta escalada de violencia a grupos delictivos que reaccionaron tras los tres motines simultáneos, ya sofocados, en las prisiones Renovación 1, Centro de Detención Preventivo de la Zona 18 y Centro de Detención de Fraijanes 2, situadas en la zona central y sur del país.

La PNC ha explicado que durante la crisis se logró la liberación de 40 guardias penitenciarios que habían sido retenidos como rehenes por los internos, quienes, de acuerdo con la versión policial, “pretendían privilegios dentro de los recintos carcelarios”. Esta descripción coincide con lo expresado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, que detalló que alias 'El Lobo' exigía aire acondicionado, una cama 'king size' y comida de restaurantes.

No obstante, la institución ha insistido en que la “PNC no negoció con estos criminales y sin efectuar un solo disparo se neutraliza a los terroristas y se retoma el control”, al tiempo que ha condenado “los alevosos ataques a nuestros agentes que causaron el deceso de ocho de ellos”.

Estas declaraciones llegan después de que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretara por 30 días el estado de sitio con el objetivo de “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos” y poder “utilizar toda la fuerza del Estado” frente a las organizaciones criminales.

El Ejecutivo ha tratado de aclarar a la ciudadanía el alcance de esta medida excepcional mediante una publicación en redes sociales, en la que recalca que “la vida cotidiana continúa con normalidad”, sin que se vean afectadas “las actividades diarias de la población, ni el trabajo, ni el comercio, ni los servicios”.

En el mismo comunicado, el Gobierno subraya que “Las instituciones siguen funcionando”, tanto públicas como privadas, y que “los ciudadanos pueden circular normalmente en todo el territorio nacional”, además de remarcar que “no se suspenden elecciones, renovaciones de autoridades judiciales ni otros procesos de naturaleza política”. Sí se ha anunciado, sin embargo, la suspensión puntual de clases este lunes “como medida preventiva”.

Paralelamente, el Gobierno ha precisado que durante los 30 días de vigencia del estado de sitio el Ejército actuará “junto a la PNC en patrullajes, operativos y capturas, con mayor presencia en las calles”, reforzando así la presión sobre las pandillas responsables de los ataques y de los recientes motines carcelarios.