El Consejo Nacional de Transición (CNT) de Guinea Bissau ha dado luz verde este martes a una nueva Constitución que otorga más atribuciones a la Presidencia y convierte a su máximo representante civil en “jefe de Estado único”, menos de dos meses después del golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Umaro Sissoco Embaló.
El portavoz del Ejecutivo guineano, Fernando Vaz, ha explicado en una rueda de prensa recogida por Radio Voz do Povo que la nueva Carta Magna fija “un líder único de cooperación institucional entre los actores políticos”, tres décadas después de la anterior Constitución, que había instaurado un sistema semipresidencialista en el país africano.
Según el texto aprobado, la nueva Constitución entrará en vigor cuando sea promulgada por el presidente de transición, Horta N'Tam, y otorga al jefe del Estado la facultad de nombrar al primer ministro y a los integrantes del Gobierno. “Para ser más claro, además del rol de Jefe de Estado, también se convierte en jefe de Gobierno, dirige el Gobierno y preside el Consejo de Ministros”, ha indicado Vaz.
El nuevo marco constitucional también contempla que el presidente pueda disolver el Parlamento, que en adelante pasará a llamarse Asamblea Nacional, aunque esta institución mantendrá sus funciones legislativas y de control sobre la acción del Ejecutivo.
Asimismo, el portavoz ha señalado que el texto suprime del preámbulo “expresiones ideológicas y revolucionarias”. “Hemos depurado la Constitución de su contenido ideológico y revolucionario porque es la Constitución de todos los guineanos, no la Constitución de un partido en particular”, ha subrayado.
El CNT está formado por 65 miembros, entre ellos diez designados directamente por N'Tam, 16 nombrados por la junta militar surgida tras el golpe de Estado, 20 representantes de formaciones políticas, once integrantes de organizaciones de la sociedad civil y nueve delegados regionales.
A finales de noviembre, N'Tam constituyó un nuevo Ejecutivo integrado por 23 ministros y cinco secretarios de Estado, con un mandato de transición de un año propuesto por la junta militar, apenas tres días después de la asonada.