Tras el cierre de más de 16.000 colegios electorales este domingo, Guinea ha iniciado el conteo de votos de un crucial referéndum constitucional. Esta elección marca la primera desde el golpe de Estado de 2021 que depuso al presidente Alpha Condé, significando un posible cambio en la dirección política del país.
Camara Djenabou Touré, a cargo de la Dirección General Electoral (DGE), ha destacado en un discurso la “movilización y civismo” de los guineanos, describiendo el evento como “un momento culminante de nuestra vida democrática”. Este discurso fue recogido por el portal Media Guinée. “En esta noche del referéndum del 21 de septiembre de 2025, con profunda responsabilidad y gran satisfacción, inauguro oficialmente esta jornada electoral, una primicia en nuestro país”, declaró Touré, aunque admitió ciertas “dificultades puntuales” relacionadas con retrasos al abrir algunos colegios y limitaciones logísticas.
Ante estas complicaciones, se tomó la decisión de extender el horario de cierre de los centros de votación como una medida “excepcional (…) que ha permitido garantizar” el derecho al voto, explicó. “Gracias a la vigilancia de nuestros equipos sobre el terreno, al compromiso de los presidentes de mesa, las autoridades administrativas locales, las fuerzas de defensa y seguridad, así como de los socios técnicos y financieros, se encontraron soluciones rápidas y racionales”, añadió, subrayando los “desafíos” enfrentados durante la jornada.
Además, la DGE reiteró su “compromiso inquebrantable” con los “principios de regularidad, transparencia y sinceridad del escrutinio”. Cerca de siete millones de guineanos fueron convocados a participar en estas elecciones, que llegan en un contexto de llamamientos al boicot por parte de la oposición y un creciente descontento con la junta militar liderada por Mamady Doumbouya. Este referéndum podría ser el inicio de una serie de elecciones que culminarían en presidenciales para devolver el poder a civiles.
El proyecto de nueva constitución, presentado en junio, incluye medidas como la creación de un Alto Tribunal de Justicia y un Senado, además de extender el mandato presidencial de cinco a siete años, con un límite de una reelección, y dar al Ejecutivo un control significativo sobre el legislativo.