El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha expresado sus disculpas el miércoles a las madres de los jóvenes reclutados por disidencias de las FARC y que perdieron la vida en bombardeos realizados por el Ejército colombiano en los departamentos de Arauca, Amazonas y Guaviare, destacando un incidente que resultó en la muerte de siete menores en este último.
“No queremos que se nos compare y se nos asigne como si hubiéramos violado el Derecho Internacional humanitario”, declaró Petro, justificando que el ataque en Guaviare buscaba “defender a soldados que estaban a 285 metros de una fuerza seis o siete veces superior” y que, “lamentablemente, murieron menores combatientes”.
Petro subrayó que esto “no impide que le pida perdón a las madres que ven morir sus hijos en combate, tanto desde el campo de los adultos como en el campo de los menores, que es peor porque se pierden vidas que hubieran pedido ser muy beneficiosas para la sociedad colombiana”.
El mandatario aclaró que no se trataba de “niños que pasaban por ahí, o de niños que estaban en un caserío o en una ciudad y fueron bombardeados”. “Estamos hablando de niños menores de edad que han sido incorporados” a grupos armados, afirmó, indicando que estos estaban entrenados y armados.
Petro mencionó que la disidencia liderada por alias ‘Iván Mordisco’, “actúa en el Cauca con sevicia contra la población”, y ha reclutado a “240 menores de edad de los cabildos y de las comunidades indígenas”.
“No queríamos destruir menores combatientes”, aseguró, agregando que son víctimas y que “en los 1.400 combates que se han tenido” se les ha tratado conforme al Derecho Internacional Humanitario. “Se les vuelve prisioneros de guerra y se liberan (…) a instituciones que puedan educarlos, que puedan cuidarlos, a sus familias si es posible, y a las comunidades, en el caso de niños indígenas”, explicó.
Finalmente, Petro reiteró sus disculpas y proporcionó más detalles sobre estos eventos, después de haber asumido el domingo “responsabilidad como comandante” del operativo, que ha llevado a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía. Según el Instituto de Medicina Forense, desde agosto han fallecido 15 menores en estas operaciones ordenadas por el Gobierno.