Gustavo Petro suspende intercambio de inteligencia con EE.UU. tras ataques en el Caribe

Gustavo Petro anuncia la suspensión de colaboración en inteligencia con EE.UU. debido a ataques en el Caribe.

El presidente de Colombia, Gustavo PetroEuropa Press/Contacto/Li Zijian

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha declarado la interrupción de la colaboración en materia de inteligencia con las entidades de seguridad de Estados Unidos como respuesta a las acciones militares norteamericanas en el Caribe. Petro ha ordenado a la inteligencia de las fuerzas de seguridad colombianas cesar el envío de información y otros acuerdos con las agencias estadounidenses, según ha comunicado en su perfil de la red social X.

El mandatario ha limitado esta medida a la duración de los ataques con misiles a embarcaciones en la región, mencionando los bombardeos que comenzaron en septiembre por parte del ejército estadounidense, los cuales han resultado en más de 60 fallecidos. La Casa Blanca justifica estas operaciones como un combate al narcotráfico, mientras que organismos internacionales y Naciones Unidas las han calificado de “ejecuciones extrajudiciales”.

“La lucha contra las drogas debe subordinarse a los Derechos Humanos del pueblo caribeño”, ha manifestado Petro, aludiendo a un aumento de la tensión entre Bogotá y la administración de Donald Trump. Esta declaración surge tras revelarse que el Reino Unido ha tomado una postura similar, según informes de CNN y medios británicos como ‘The Times’ y ‘The Guardian’, aunque no ha habido confirmación oficial desde Downing Street.

Un portavoz del gobierno británico, citado por SkyNews, ha comentado que “Estados Unidos es nuestro socio más cercano en defensa, seguridad e inteligencia, pero, conforme a un principio de larga data, no haré comentarios sobre asuntos de inteligencia”. Al ser cuestionado sobre las acciones de EE.UU. en las aguas del Caribe y del Pacífico, ha indicado que esas decisiones son asunto del país norteamericano y que cualquier violación al Derecho Internacional debe ser evaluada por un tribunal internacional competente, no por los gobiernos.

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