El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha vuelto a condenar este sábado el repunte de la violencia en Sudán del Sur y ha avisado de que en torno a diez millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente. El conflicto armado se ha recrudecido desde finales de 2025 en varias zonas del país africano, provocando desplazamientos masivos de civiles y graves interrupciones en el acceso de la población a la ayuda y a los servicios sanitarios.
“Los combates, los ataques y los saqueos de las instalaciones humanitarias y sanitarias, junto con las restricciones de movimiento y la inseguridad en las principales rutas de suministro, están paralizando las operaciones humanitarias y cerrando servicios esenciales, poniendo a los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios, en grave riesgo”, ha expresado el representante de la ONU a través de su portavoz, Farhan Haq.
En este escenario, Guterres ha lamentado los recientes episodios de violencia registrados en el estado de Jonglei, donde la ONG Save the Children denunció este viernes el saqueo y la quema de una de sus oficinas, así como la destrucción de un centro de salud. Con este ataque, ya son once las instalaciones sanitarias que han sido blanco de agresiones desde diciembre de 2025, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas.
“Este claro desprecio por las operaciones médicas y humanitarias es inaceptable y debe cesar. Dicha labor debe facilitarse y respetarse”, ha sentenciado el representante de Naciones Unidas antes de reiterar su llamado “a todas las partes a detener de inmediato y decisivamente todas las operaciones militares” y “reducir las tensiones mediante el diálogo”, siempre conforme al Derecho internacional, protegiendo a civiles y personal humanitario.
El conflicto en Sudán del Sur se reactivó en febrero de 2025, cuando la milicia White Army (Ejército Blanco) lanzó una ofensiva contra el Ejército en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo, cerca de la frontera con Etiopía, y llegó a tomar temporalmente la localidad. Esta ofensiva llevó a las autoridades a imponer el arresto domiciliario a Machar, acusado de conspirar contra la seguridad del Estado, lo que el opositor SPLM-IO —liderado por el antiguo jefe rebelde y exvicepresidente sursudanés Riek Machar— consideró una violación del acuerdo de paz firmado en 2018.
La escalada se tradujo en un incremento de los enfrentamientos en otras regiones del país, en una crisis que se produce después de que el presidente sursudanés, Salva Kiir, promulgara en septiembre de 2024 una reforma de la Constitución de 2011 para prolongar dos años más el periodo de transición. Esta decisión fue criticada por la comunidad internacional, que instó a Yuba a avanzar en la implementación íntegra del acuerdo de paz de 2018, recordando que aún están pendientes varios compromisos clave, entre ellos la organización de elecciones.