El secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido este lunes ante el Consejo de Seguridad de que “la ley de la selva” está sustituyendo al Estado de derecho a escala global, denunciando vulneraciones de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional, entre ellas el uso ilícito de la fuerza, los ataques contra infraestructuras civiles, los abusos contra los Derechos Humanos y la obstrucción de ayuda humanitaria esencial en distintos escenarios, como la Franja de Gaza o Ucrania.
“En todo el mundo, el Estado de derecho está siendo reemplazado por la ley de la selva”, ha señalado el máximo responsable de la organización, aludiendo a “flagrantes violaciones del Derecho Internacional y un descarado desprecio por la Carta de las Naciones Unidas”.
En la misma línea, ha deplorado que “desde Gaza hasta Ucrania, y en todo el mundo, el Estado de derecho se trata como un menú a la carta”, citando “el uso ilegal de la fuerza, los ataques contra infraestructuras civiles, las violaciones y abusos de Derechos Humanos, el desarrollo ilegal de armas nucleares, cambios inconstitucionales de gobierno y la denegación de ayuda humanitaria vital”, vulneraciones que, ha subrayado, “sientan precedentes peligrosos”.
Guterres ha reivindicado el papel central del Derecho Internacional, al que ha descrito como “un salvavidas” para los países “más pequeños y menos poderosos” y como “una barrera que define lo que es aceptable y lo que no” para los Estados más influyentes “en tiempos de desacuerdo, división y conflicto abierto”.
El secretario general ha puesto también en valor la función del Consejo de Seguridad, “el único en ejercer la autoridad que le otorga la Carta para actuar en nombre de todos los Estados miembros en cuestiones de paz y seguridad”, remarcando en particular su facultad de adoptar decisiones “vinculantes para todos”.
En este contexto, ha reiterado su propuesta de reforma, articulada en tres ejes: exigir a los Estados que “cumplan sus promesas” recogidas en la Carta de Naciones Unidas, animar a los países miembros “a que aprovechen plenamente los mecanismos de solución de controversias establecidos en la Carta para prevenir desde el principio el estallido de conflictos”, y promover “el uso de procedimientos judiciales justos e independientes”.
Sobre este último punto, ha considerado “alentador” el “creciente recurso a los tribunales y cortes internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia”, e insistido en su “llamamiento a todos los Estados miembros para que acepten su jurisdicción obligatoria sin reservas”.
Asimismo, ha defendido que el Tribunal Penal Internacional, que llegó a ser objeto de sanciones por parte de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, “debe poder operar de forma independiente”, recordando que “no puede haber una paz justa ni sostenible sin rendición de cuentas”.