El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha denunciado este jueves la entrada “ilegal” de fuerzas israelíes en un centro de salud de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), ubicado en Jerusalén y clausurado de forma temporal tras el incidente.
Según ha indicado su oficina, Guterres ha “condenado enérgicamente” lo ocurrido el lunes en estas instalaciones, desde las que se “atiende a cientos de pacientes refugiados palestinos a diario”, siendo “para la mayoría de ellos, su única posibilidad de acceder a atención médica primaria”.
El portavoz adjunto del secretario general, Farhan Haq, ha señalado que Guterres está “profundamente preocupado” por el posible corte inminente del suministro de electricidad y agua a diversos centros de la UNRWA en Jerusalén por decisión de las autoridades locales.
En esta línea, el máximo responsable de la ONU ha lamentado “profundamente” que Israel haya puesto en marcha “medidas incompatibles” con sus obligaciones derivadas del Derecho Internacional y ha subrayado que, “como confirmó recientemente la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cualquier acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa contra los bienes y activos de Naciones Unidas está prohibida por la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas”.
Guterres ha recalcado que estas actuaciones vulneran la “inviolabilidad de las instalaciones de la ONU y un obstáculo para la implementación del mandato claro de la Asamblea General para la continuación de las operaciones de la UNRWA en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este”.
Asimismo, ha urgido al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu a que “adopte inmediatamente medidas para devolver y restaurar el complejo Sheij Jarrá de la UNRWA y (su) centro de salud de Jerusalén, y a que garantice que se mantengan los servicios públicos esenciales en las instalaciones” de la Agencia.
La semana pasada, el secretario general ya había recordado las responsabilidades de Israel en materia de protección del personal de Naciones Unidas en una carta enviada al embajador israelí ante la organización, Danny Danon, en la que también expresaba su preocupación por la ley aprobada por el Parlamento israelí el pasado 29 de diciembre, que prohíbe de forma explícita la prestación de servicios básicos y esenciales, incluidos telecomunicaciones y servicios bancarios, a la entidad.