Guterres pide a Israel dar marcha atrás en su plan de registrar tierras estatales en Cisjordania

Guterres urge a Israel a revertir el registro de tierras estatales en Cisjordania, que la ONU y la CIJ consideran ilegal y dañino para la solución de dos estados.

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El secretario general de la ONU, António Guterres Europa Press/Contacto/Xie Jianfei

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El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado a las autoridades israelíes a “revertir” la reciente aprobación de la designación de áreas de Cisjordania como “propiedad del Estado”, una medida que ha descrito como “ilegal”.

Guterres ha “condenado” la decisión del Ejecutivo israelí, adoptada el pasado domingo, que retoma el proceso de registro de terrenos en la Zona C de Cisjordania, al advertir de que “podría provocar el despojo de los palestinos de sus propiedades y la ampliación del control israelí sobre el territorio”.

Según ha subrayado, esta decisión, y en general la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados, “no solo es desestabilizadora, sino que es ilegal, según recordó la Corte Internacional de Justicia”. Por ello, reclama al Gobierno israelí que “revertir de inmediato” estas actuaciones que “erosionan las perspectivas de una solución de dos estados”, considerada por Guterres como la “única vía hacia una paz duradera”.

El secretario general ha reiterado que “todos” los asentamientos israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y “el régimen asociado a ellos (...) no tienen validez legal y son una flagrante violación del Derecho Internacional y las resoluciones relevantes de Naciones Unidas”.

Ha recordado además que Cisjordania --incluida Jerusalén Este-- y la Franja de Gaza quedaron bajo ocupación militar israelí tras la guerra de 1967, junto con los Altos del Golán sirios. En la actualidad, en Cisjordania residen cerca de 700.000 colonos judíos, repartidos entre colonias reconocidas por Israel y asentamientos que el propio Gobierno israelí considera ilegales, aunque el Derecho Internacional sostiene que todos ellos vulneran la legalidad y que la política de colonización constituye un crimen de guerra.