El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó este lunes que está “profundamente preocupado” por la decisión de Israel de reformar la administración de la Cisjordania ocupada, y ha pedido a las autoridades israelíes que retiren una medida “coercitiva” que “erosiona” las opciones de alcanzar una solución de dos Estados.
Su portavoz, Stéphane Dujarric, explicó en un comunicado que “el secretario general está profundamente preocupado por la supuesta decisión del gabinete de seguridad israelí de autorizar una serie de medidas administrativas y coercitivas en las Zonas A y B de la Cisjordania ocupada. Advierte que la situación actual sobre el terreno, incluida esta decisión, está erosionando la perspectiva de una solución biestatal”.
El máximo responsable de la ONU recordó además que “todos los asentamientos israelíes” situados tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este “y su régimen e infraestructura asociados, carecen de validez legal y constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional, incluidas las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas”.
Guterres subrayó que las medidas derivadas de esta reforma, que amplían las competencias para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos, junto con la “continua presencia” de Israel en el territorio, “no solo son desestabilizadoras, sino también, como ha recordado la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ilegales”.
Por este motivo, instó al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a rectificar y “revocar estas medidas” y llamó “a todas las partes a preservar la única vía hacia una paz duradera: una solución biestatal negociada, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y el Derecho Internacional”.
El acuerdo, aprobado por el gabinete de seguridad de Israel, transfiere a las autoridades israelíes las competencias sobre el territorio y las licencias de construcción en la ciudad de Hebrón, modificando el arreglo vigente desde 1997, que exigía la aprobación conjunta de las instituciones palestinas e israelíes para cualquier nueva edificación.
El plan contempla también la publicación de los registros de la propiedad de tierras en Cisjordania, de forma que cualquier persona pueda identificar a los titulares de una parcela y plantearles una oferta de compra, información que hasta ahora se mantenía reservada. Además, elimina una norma heredada del periodo en que Jordania controlaba Cisjordania que impedía a no musulmanes adquirir terrenos en la zona, y establece una “autoridad municipal específica” para la gestión de la Tumba de Raquel, en Belén, responsable de la limpieza y el mantenimiento del enclave.
Asimismo, la iniciativa refuerza las competencias de seguridad israelíes en las zonas A y B definidas en los Acuerdos de Oslo, que las configuraban como áreas de control civil palestino (A) y de control mixto (B), en ámbitos como la gestión de recursos hídricos, los daños a yacimientos arqueológicos y los perjuicios ambientales o de contaminación. Estos pasos han sido duramente rechazados por la Autoridad Palestina y por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).