La Fiscalía de El Salvador ha comunicado que un total de 248 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) han sido sentenciados a penas que, en algunos casos, alcanzan los 1.335 años de prisión por una serie de delitos cometidos entre 2014 y 2022, periodo en el que habrían provocado más de 150 víctimas.
Durante esos ocho años, los pandilleros participaron en 43 homicidios agravados, 42 desapariciones, tres feminicidios, 86 episodios de extorsión, 29 casos de conspiración para cometer homicidio y más de una treintena de delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, según ha detallado el Ministerio Público en una nota oficial.
“Las investigaciones demostraron que estos sujetos crearon bases en diferentes sectores, que eran utilizadas para planificar todos los actos delictivos en esa jurisdicción, entre ellos extorsionar a víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. Algunas personas tuvieron que cerrar sus negocios por temor a las amenazas”, ha señalado la Fiscalía.
Entre las víctimas de estos crímenes figuran los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, cuyo caso incluye desaparición y homicidio, así como la futbolista Claudia Jimena Granados, víctima de desaparición y feminicidio, junto a otros afectados.
Esta resolución, calificada como una medida “ejemplar” por las autoridades salvadoreñas, se inscribe en la dura estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, un enfoque que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Desde la implementación de estas políticas, se calcula que más de 90.000 personas han sido detenidas, en el marco del plan de Bukele para disminuir los homicidios y otros delitos que golpean al país.