El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha inaugurado este lunes su visita oficial a Australia con un acto conmemorativo en la playa de Bondi, escenario del atentado perpetrado en diciembre durante la festividad judía de la Janucá, en el que murieron 15 personas y a las que ha querido rendir homenaje.
“En nombre del Estado de Israel, rindo homenaje a las 15 víctimas asesinadas en el ataque terrorista más mortífero de la historia de Australia. Desde aquí, en Bondi, abrazo a las familias de las víctimas, rezo por la pronta recuperación de todos los heridos y expreso mi más profunda gratitud a todos los héroes que salvaron vidas inocentes bajo fuego enemigo”, ha manifestado en una publicación difundida en sus redes sociales.
En el mismo mensaje, ha subrayado que su desplazamiento “es una muestra de solidaridad, fortaleza y sincera amistad del Estado de Israel” hacia la sociedad australiana. “Juntos, debemos enfrentar los males del antisemitismo, el extremismo y el terrorismo aquí en Australia y en todo el mundo”, ha añadido.
La visita ha generado polémica en Australia, en particular por el amplio dispositivo policial autorizado por el Estado de Nueva Gales del Sur, que ha concedido a la Policía poderes reforzados para controlar la seguridad de las concentraciones, mantener separados a los grupos enfrentados y minimizar el riesgo de choques.
Estas competencias extraordinarias se han habilitado tras la declaración de “acontecimiento importante” por parte del Gobierno estatal, una figura legal que implica que quienes desobedezcan las órdenes de los agentes se exponen a sanciones de hasta 5.500 dólares australianos (algo más de 3.250 euros).
La organización activista australiana Grupo de Acción Palestina recurrió esta decisión, al considerar que se estaba forzando el uso de la norma. Su abogado, Peter Lange, argumentó ante la Justicia que la visita de Herzog “no era suficiente para constituir un evento a los efectos de la Ley”, sosteniendo que esta “se dirige a eventos específicos, generalmente (...) de tipo comercial”, según ha informado la cadena pública australiana ABC.
Por su parte, el letrado que representa al Estado de Nueva Gales del Sur, Brendan Lim, ha defendido que la legislación está ligada de forma explícita a un criterio de interés público y que la declaración se adoptó en un contexto más amplio, que incluía el nivel de amenaza terrorista en el país, el incremento de las tensiones entre comunidades y la obligación de gestionar con garantías la presencia de posibles multitudes. “No es un propósito de reprimir protestas, sino de garantizar la seguridad”, ha sostenido durante la vista, en la que el magistrado Robertson Wright —que aún no ha hecho público el fundamento detallado de su fallo— ha acabado rechazando el recurso del Grupo de Acción Palestina.
Pese al revés judicial, el organizador Josh Lees ha asegurado que la manifestación “pacífica” convocada por el colectivo seguirá adelante como estaba prevista y partirá del Ayuntamiento de Sídney para dirigirse al Parlamento de Nueva Gales del Sur.
“Es totalmente legal que nos reunamos en el Ayuntamiento para celebrar una asamblea pública, que es lo que estamos haciendo”, ha insistido, remarcando que el grupo mantiene comunicación con la Policía y continuará haciéndolo, solicitando a los agentes que faciliten el recorrido de la marcha.