HRW acusa a Israel de cometer crímenes de guerra en la ocupación del sur de Siria

HRW denuncia que la ocupación israelí en el sur de Siria desde 2024 incluye crímenes de guerra y otros abusos graves.

Archivo - Tropas israelíes desplegadas entre las provincias sirias de Quneitra y DaraaEuropa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

La organización Human Rights Watch (HRW) ha lanzado una acusación contra las fuerzas israelíes por su ocupación en áreas del sur de Siria desde diciembre de 2024, señalando que han provocado el desplazamiento forzado de residentes locales, calificándolo como un ‘crimen de guerra’, además de otros abusos y detenciones que incluyen expropiaciones y demoliciones de viviendas.

Desde la caída del gobierno de Bashar al Assad, Israel ha profundizado su presencia en la zona desmilitarizada controlada por la ONU que divide los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1967, y la provincia de Quneitra que se mantuvo bajo soberanía siria. HRW destacó que Israel ha instalado nueve puestos militares desde el monte Hermón hasta Quneitra y el oeste de Daraa, y ha impedido el retorno de decenas de miles de sirios desplazados al Golán desde 1967.

La organización también critica una reciente operación militar israelí en la que dos batallones avanzaron ’38 kilómetros en territorio sirio’ apoderándose de ‘más de 300 armas diferentes’ de un supuesto arsenal abandonado de Assad. Posteriormente, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, se realizaron registros en Saysoun y se estableció un control de vehículos y peatones, justificado en la búsqueda de armas.

Hiba Zayadin, jefa de investigación sobre Siria de HRW, declaró: ‘Las fuerzas militares israelíes que operan en Siria no deberían tener vía libre para confiscar viviendas, demolerlas y expulsar a las familias’. Además, denunció que las acciones de Israel en el sur de Siria son comparables a las tácticas utilizadas en los territorios palestinos ocupados y otras regiones, privando a los residentes de sus derechos fundamentales.

HRW ha pedido a los gobiernos internacionales, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, que suspendan el apoyo militar a Israel y consideren sanciones específicas contra funcionarios israelíes implicados en violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como respaldar la rendición de cuentas ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).

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