Human Rights Watch (HRW) ha señalado a las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel como responsables de la muerte de numerosos civiles en tres ataques en el norte de Burkina Faso desde mayo de 2025, y ha destacado que estos actos constituyen infracciones del Derecho Internacional Humanitario que podrían ser considerados crímenes de guerra.
El 11 de mayo, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), asociado a Al Qaeda, asaltó la ciudad de Djibo y posteriormente Yuba el 3 de agosto, resultando en la muerte de al menos 40 civiles. Por otro lado, Estado Islámico en el Sahel fue responsable de la muerte de 28 personas, incluyendo nueve civiles, en un ataque a un convoy humanitario hacia Gorom Gorom.
«Los grupos armados islamistas en Burkina Faso han sido responsables de repetidas atrocidades contra los civiles desde 2016», indicó Ilaria Allegrozzi, investigadora de HRW para el Sahel. «Las autoridades deben dar una mejor protección a todos los civiles en riesgo, investigar los abusos, incluidos los cometidos por el Ejército y milicias aliadas, y juzgar de forma justa a los responsables», añadió.
Desde el golpe de Estado de 2022, la junta militar de Burkina Faso ha intensificado sus operaciones antiterroristas, incrementando los ataques contra la población civil, como denuncia HRW, que basa su informe en entrevistas a 23 personas realizadas entre mayo y agosto de 2025.
En el ataque a Djibo, JNIM mató a decenas de soldados y al menos a 26 civiles, además de provocar incendios en tiendas y centros de salud. Testigos han reportado que los atacantes acusaron a civiles fulani de colaborar con milicias de autodefensa, resultando en múltiples ejecuciones.
En agosto, milicianos de JNIM atacaron Youba y asesinaron a catorce civiles, incluyendo cuatro niños. Según HRW, el ataque pretendía castigar a los habitantes por no acatar órdenes sobre cultivos prohibidos.
En respuesta a las acusaciones, JNIM afirmó que nunca han atacado intencionadamente a civiles y que cualquier abuso denunciado son solo «acusaciones infundadas o incidentes aislados provocados por balas perdidas».
Por último, HRW enfatiza la obligación de todas las partes de adherirse al Derecho Internacional Humanitario y urge al Gobierno a investigar imparcialmente los posibles crímenes de guerra y juzgar a los implicados. Allegrozzi también ha solicitado apoyo técnico y financiero para la Unidad Judicial Especializada de Burkina Faso, creada en 2017 para investigar crímenes de guerra, que enfrenta dificultades por falta de recursos.