QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La organización Human Rights Watch (HRW) ha lanzado una advertencia sobre las consecuencias que traerá la retirada del Tribunal Penal Internacional (TPI), anunciada recientemente por los gobiernos militares de Burkina Faso, Níger y Malí. Esta salida, que será efectiva en un año, cerrará las puertas a la justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en estos países.
‘Al anunciar su salida del TPI, los líderes de Burkina Faso, Malí y Níger están privando a sus poblaciones de una importante vía internacional para obtener justicia y reparación’, declaró Liz Evenson, directora de justicia internacional de HRW, en un comunicado. Evenson también destacó que esta decisión tendrá un impacto negativo en las víctimas de crímenes de guerra y ‘posibles’ crímenes de lesa humanidad.
HRW ha expresado su preocupación por cómo esta medida debilitará la rendición de cuentas y privará a las personas del Sahel de una protección esencial en derechos humanos, dado que los tribunales nacionales no son suficientes para combatir la impunidad de los crímenes más atroces. La organización ha hecho un llamado a la Unión Africana y a los países miembros del TPI para que persuadan a las autoridades de estos tres países a mantenerse dentro de la corte y apoyar el estado de derecho.
Estas declaraciones de HRW se producen tras el anuncio del lunes por parte de los países de la Confederación de Estados de la Alianza de los Estados del Sahel (AES) de su intención de abandonar el Tratado de Roma, que rige el TPI, calificándolo de ‘instrumento de represión neocolonial’ y un ‘ejemplo de justicia selectiva’, según palabras de Pingdwendé Gilbert Ouedraogo, portavoz del gobierno de Burkina Faso.
La AES se formó el 16 de septiembre de 2023 después de la salida de estas naciones de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), y desde entonces han buscado fortalecer sus relaciones con Rusia para enfrentar la amenaza de grupos yihadistas en la región.
