QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La organización Human Rights Watch (HRW) ha emitido un comunicado este lunes señalando que la milicia Wazalendo, en colaboración con el Ejército de la República Democrática del Congo, «han acosado, amenazado, secuestrado y restringido el acceso a los servicios a los miembros de la comunidad banyamulenge de Uvira», ubicada en la región oriental de Kivu Sur, fronteriza con Ruanda y Burundi.
«Los combatientes de Wazalendo han acosado, amenazado, secuestrado y restringido el acceso a los servicios a los miembros de la comunidad banyamulenge de Uvira, que son tutsis congoleños residentes en Kivu Sur, acusándolos de apoyar al M23», indicó HRW refiriéndose al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo, apoyado por Ruanda y que ha conquistado partes de Kivu del Sur, enfrentándose a Wazalendo.
HRW ha expresado su preocupación por la protección de los civiles en Uvira ante las tensiones provocadas por la designación de un nuevo comandante del Ejército, Olivier Gasita Mukunda, de la comunidad banyamulenge, acusado por los combatientes Wazalendo de colaborar con el M23. La acusación ha sido generalizada a toda la comunidad, y HRW mencionó haber visto imágenes verificadas de seguidores del nuevo comandante de las Fuerzas Armadas de RDC huyendo del área mientras se escuchaban disparos cerca del ayuntamiento.
A inicios de septiembre, el portavoz del Ejército congoleño, Sylvain Ekenge, aclaró en una rueda de prensa que «No controlamos a los Wazalendo; los Wazalendo no forman parte de las Fuerzas Armadas».
«El deterioro de la situación en Kivu del Sur refleja una peligrosa combinación de fallas de gobernanza, desconfianza entre las fuerzas armadas y los grupos armados aliados, y crecientes tensiones étnicas», declaró Clémentine de Montjoye, jefa de investigación para África de Human Rights Watch. «Las continuas atrocidades cometidas por todas las partes en el conflicto ponen de relieve la necesidad de que los gobiernos involucrados presionen para proteger a los civiles», agregó.
La investigadora de HRW también lamentó que «los civiles en el este de Congo se encuentran atrapados entre múltiples fuerzas y grupos armados, a menudo sin claridad sobre quién es responsable de su seguridad». Además, instó a Kinshasa a «garantizar que sus fuerzas armadas asuman el liderazgo en la protección de los civiles, la prestación de bienes y servicios básicos y el fin de la discriminación y los abusos étnicos».
Una delegación del Gobierno, liderada por el ministro del Interior, Jacquemain Shabani, se encuentra actualmente en Uvira, donde desde el pasado viernes realiza consultas. Las reuniones, que comenzaron con el Consejo de Seguridad de la ciudad, han incluido también a representantes de grupos wazalendo y miembros de la sociedad civil, según informes de la emisora congoleña Radio Okapi.
Finalmente, RDC y Ruanda firmaron a finales de junio un acuerdo de paz comprometiéndose a cesar las actividades de grupos armados como el M23 y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FLDR), establecidas por extremistas hutus que escaparon de Ruanda tras el genocidio de 1994. El acuerdo se alcanzó tras contactos iniciados luego de que los rebeldes del M23 ocuparan las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, en una ofensiva que ha generado miles de desplazados.
