QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha cargado contra la orden ejecutiva firmada ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la que se pretende frenar la entrada en vigor de normas estatales que establezcan restricciones consideradas “excesivas” a la inteligencia artificial, al advertir de que esta decisión supondrá un paso atrás en las garantías de la ciudadanía al facilitar “un control sin restricciones por parte de los actores gubernamentales y tecnológicos que utilizan y crean sistemas de IA”.
“Es una victoria para las empresas tecnológicas y una derrota para la gente común en un momento en que la IA está dando forma cada vez más a la atención médica, el trabajo, la seguridad social y el ecosistema de la información”, ha manifestado la investigadora principal sobre inteligencia artificial de HRW, Anna Bacciarelli, en una nota difundida este viernes.
La experta ha alertado además del “vacío regulatorio” que, a su juicio, puede generar la orden, al entender que “desplazará la regulación estatal y local, dejando a las personas en riesgo de discriminación, violaciones de privacidad y otros daños a manos de sistemas de IA que no rinden cuentas”.
El documento firmado el jueves por Trump sostiene que, “para ganar, las empresas estadounidenses de IA deben tener la libertad de innovar sin una regulación engorrosa” y que “sin embargo, la excesiva regulación estatal frustra este imperativo”, en una referencia explícita a las leyes aprobadas o en tramitación en estados como Colorado, California, Utah o Texas.
En la misma línea, el texto hecho público remarca que la Administración Trump “debe colaborar con el Congreso para garantizar que exista una norma nacional mínimamente gravosa, no 50 normas estatales discordantes”.
Con este marco, y con la meta de “mantener y fortalecer el dominio global de la IA mediante un marco de políticas nacionales mínimamente oneroso”, el presidente ha pedido a la fiscal general, Pam Bondi, que ponga en marcha un grupo de trabajo “cuya única responsabilidad será impugnar las leyes estatales sobre IA que sean incompatibles” con este planteamiento.
